Saturday, October 20, 2018
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Audiencia de apelación sobre proyecto Río Blanco se cumplió en Cuenca

Audiencia de apelación sobre proyecto Río Blanco se cumplió en Cuenca

Líderes comunitarios y representantes de la academia a favor de la actividad minera responsable en el Azuay, asistieron el 23 de julio a la Corte Provincial de Justicia en Cuenca para participar de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de actividades del proyecto minero Río Blanco. A la misma asistió el ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, quien sostuvo que “como Estado garantizamos que no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.

Tras la audiencia, es importante señalar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la sentencia se deberá dictar en el término de ocho días contados a partir de la audiencia. Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica.

“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de elecciones seccionales”, afirmó el equipo jurídico del Ministerio de Minería.

Como parte de su alegato, el Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa:

  1. Autoidentificación de los sujetos.
  2. Posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo).
  3. Pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad).
  4. El mantener usos, costumbres y tradiciones propias.

Dichos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinas que se encuentran ubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco, pues se documentó la propiedad privada e individual de la tierra, el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos (lo que fue ratificado por el testimonio de representantes legítimos de las comunidades) y no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.

Durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona. Además, el director Provincial del Ministerio del Ambiente, Juan Pablo Rivera, fue agredido por ciudadanos identificados con grupos antimineros que dicen “defender la vida”. Sin embargo, la actuación oportuna y en estricto resguardo de los derechos humanos de la Policía Nacional, permitió evitar mayores enfrentamientos entre los manifestantes. DCS/ Ministerio de Minería