Gremios empresariales solicitan a la Corte Constitucional respeto a las garantías jurídicas para el desarrollo de la actividad minera

Esta mañana en rueda de prensa conjunta, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ); Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador (CME); y Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), manifestaron su respaldo a la decisión judicial que suspende la Consulta Popular para la minería en el cantón Girón, emitida el 13 de marzo de 2019 por el juez Vicente Ribadeneira Narváez.

Los representantes empresariales señalaron que la decisión del titular de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones debe ser acogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en estricto cumplimiento del Estado de Derecho en el país pues se ha violentado el debido proceso y atenta contra los derechos de miles de familias que viven de la actividad minera responsable.

Patricio Alarcón, presidente del CEE, destacó que las inversiones nacionales y extranjeras son fundamentales para la reactivación económica del país, la generación de empleo adecuado y el impulso a la competitividad. “La seguridad jurídica debe ser garantizada para propiciar la generación de nuevos negocios y el desarrollo de los existentes”, señaló.

Por su parte, Santiago Yépez, presidente de la CME, explicó que hasta el año 2021, el Ecuador recibirá alrededor de USD 3.800 millones provenientes de inversiones en el sector minero, alrededor de USD

3.200 millones en exportaciones y generará unos USD 1.300 millones en impuestos para el Estado. Expresó su preocupación de que determinados sectores propicien una ruptura del Estado de Derecho y pongan en riesgo la generación de más de 32.000 puestos de empleo directos e indirectos provenientes de la minería industrial. Rechazó cualquier intento de irrespetar la decisión judicial e hizo un llamado a las autoridades a precautelar la seguridad jurídica. “Esperamos que los jueces de la Corte Constitucional, no permitan que se afecten los derechos constitucionales, esto sentará un precedente importante para las nuevas inversiones mineras en el país”, enfatizó Yépez.

Los gremios empresariales expresaron su respaldo a la aplicación de las medidas cautelares que suspendieron la Consulta Popular que se pretendía llevar adelante el 24 de marzo en el cantón Girón en Azuay. Pablo Zambrano, presidente de la CIP, alertó que incumplir una medida judicial violentaría el debido proceso y atentaría contra los derechos de las comunidades que se benefician de la actividad minera. Agregó que el Proyecto Loma Larga de la empresa canadiense INV Metals constituye uno de los proyectos mineros estratégicos de Ecuador, que ha invertido más de USD 50 millones y proyecta entregar al Fisco 554 millones en impuestos,incluidas regalías,impuesto a la renta, IVA, entre otros durante la vida del proyecto. Además, prevé generar 1.000 empleos en etapa de construcción y 450 empleos directos durante la operación de la mina.