Saturday, June 24, 2017
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La minería responsable cuida el agua

Uno de los pilares de nuestra política pública minera desde la creación de esta Cartera de

Estado en febrero de 2015, era el generar estrategias, mecanismos y una normativa que

contribuyan a establecer la minería responsable en el país. Hacer este tipo de minería no es

otra cosa que obtener minerales con buenas prácticas de manejo social, laboral, tributario y

ambiental. Este último elemento tiene directa relación con la gestión y manejo de los recursos

hídricos.

La normativa en el país es amplia con relación al manejo y conservación de los recursos

hídricos. La Constitución de la República define el derecho de administración, regulación,

control y gestión de los sectores estratégicos (entre los cuales se encuentran los recursos

naturales no renovables como minería e hidrocarburos) y el agua (Arts. 313, 411). Así también

en la Ley de Minería, en varios de sus artículos (26 y 115) establece no sólo los parámetros

técnicos para ejecutar las actividades mineras, sino también contempla sanciones en caso de

que llegara a existir un daño ambiental. En este contexto, nuestra tarea como sector minero es

propugnar el cumplimiento de las leyes, para lo cual trabajamos de manera coordinada e

interinstitucional, cada ente en el marco de sus atribuciones y competencias.

En torno a este tema se ha levantado un falso debate que claramente encubre un tinte

político, el mismo que desconoce lo que está en la ley y lo que realmente sucede en la

industria a nivel mundial y nacional. De acuerdo con Miningfacts.org, en Perú, país minero,

esta actividad consume el 2% del total del agua, mientras que la agricultura usa el 85%. Sin

embargo, la minería genera el 8% del PIB y la agricultura el 5.3%. Es decir que la minería

consume 1/42 del agua que usa la agricultura y produce 1.5 veces su valor. En países

desarrollados como Canadá, la minería ocupa el 4% del agua disponible, en Estados Unidos

llega a apenas el 1% y en Australia al 2.5%.

El cuidado del líquido vital es tarea y obligación de todos. Los organismos de control y las

actividades de organizaciones ambientalistas también deberían centrar sus esfuerzos en

mitigar los impactos que provocan al agua los desechos humanos urbanos, la agricultura, la

minería informal, etc. Sin ir muy lejos, el principal río quiteño, el Machángara, nace cristalino

en el cerro Atacazo, a 10 minutos de la ciudad, pero a medida que desciende en su ruta por la

capital acarrea toda clase de desechos humanos e industriales. Según un informe de El

Comercio, el Machángara supera en nueve veces la norma respecto a elementos como

detergentes, jabones, entre otros. Es un río considerado muerto biológicamente, y no se debe

a una actividad extractiva.

Por todo esto, cuando hablamos de minería responsable, estamos comprometiendo todas las

acciones factibles desde las diversas instituciones del Estado y del sector minero, para

controlar el adecuado desarrollo de la actividad minera. Es tiempo, entonces, de superar falsos

dilemas y pensar en que la actividad minera debe orientarse al cumplimiento de sus

obligaciones legales y sociales, como paso fundamental para el buen devenir de nuestra

industria y de la sociedad en general.