Tuesday, October 22, 2019
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Los mineros ilegales huyen de Ponce Enríquez

Los mineros ilegales huyen de Ponce Enríquez

La intervención más grande de los últimos tiempos, según las autoridades, se llevó a cabo a inicios de agosto en el Azuay. Por más de un año, el cerro Pucul fue blanco de las actividades ilegales.

Desde un cerro, ubicado a unos 500 metros en línea recta, se observa, en medio de las montañas verdes, una elevación pelada, poblada de cabañas plásticas. Son decenas de carpas negras que resaltan en la superficie lodosa. Es el cerro Pucul, perteneciente a la parroquia Shumiral, cantón Ponce Enríquez (Azuay). Al lugar, según un reportaje de Diario El Universo, se llega luego de caminar una hora y media por un sendero fangoso, que parte de un camino vecinal que empieza asfaltado en la vía Guayaquil-Machala.

El miércoles 31 de julio, el desenlace de Buenos Aires se repitió en el Austro. Unos 350 policías y 30 militares ejecutaron allí un operativo de intervención, para expulsar a los mineros ilegales y todos sus males. No hubo incidentes. A decir del alcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. Hubo filtración de información y ya las casi 2.000 personas que trabajaban ilegalmente empezaron a salir desde el 30 de julio.

En el cerro Pucul se habían instalado 50 carpas al menos. Cada una tenía un túnel o mina en un costado. Bajo la carpa se improvisaron literas y una cocina. Según uno de los desalojados, en las carpas grandes trabajaban siete mineros y una cocinera. Otras tenían cinco ocupantes. El material que extraían de los túneles los almacenaban en sacos a un costado de las carpas. Luego lo trasladaban por un sistema de tarabitas, conocidas como ‘winches’, hasta la carretera. Era un sistema improvisado pero completo que cruza por tres cerros.

El desalojo de mineros ilegales en el sector de Pucul es calificado por las autoridades como la intervención más grande en los últimos tiempos en contra de esta actividad.

Grupos de policías formaron un cordón amplio alrededor del cerro intervenido. El primer grupo se instaló en el recinto San Agustín, casi a cuatro kilómetros del sitio de operación. Entre los mineros hay unos que fueron desalojados de Buenos Aires, en Imbabura. “Están muchos policías. No podemos enfrentarlos así quisiéramos; ley es ley”, decía un minero, resignado, que solo cargaba una mochila con ropa y se alejaba por el sendero fangoso. Otros usaban hasta burros para cargar sus cosas.

En un primer balance se neutralizó el trabajo en 75 bocaminas y se incautaron 1.000 quintales con material mineralizado, un taco de dinamita, tanques de gas, combustible, maquinarias, bombas de agua y generadores eléctricos que aún no han sido cuantificados.

Algunos elementos fueron retirados y otros se destruyeron en el lugar. Se estima que el trabajo lo realizaban algo más de 400 mineros ilegales desde hace aproximadamente un año, pero en la intervención no se detuvo a ninguno ni se iniciaron acciones legales porque cuando ingresaron los 350 policías la gente huyó del lugar y no hubo evidencias de un delito flagrante. La fuerza pública se mantendrá en el lugar para evitar que regresen, pero también se pondrá atención en otros sectores de la provincia.

Según el coordinador zonal del Ministerio del Interior, Santiago Correa, el combate a la minería ilegal “es una guerra desigual y difícil”, pero que su responsabilidad como Estado es responder a cada situación y estarán en los lugares donde se necesite el desalojo.

Según el gobernador encargado de Azuay, Xavier Martínez, no existe evidencia de que algunos de los informales migraron desde Buenos Aires (Imbabura), tras el cierre de este sector. Lo que determinaron es que la gran mayoría era gente del lugar y venezolanos.