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La minería ilegal se desató gracias a la pandemia del Covid-19

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Ecuador vive un problema de proporciones en el sector. La actividad de grupos que sustraen minerales sin permisos provoca daños y muerte.

El Ministerio de Energía y la Policía Nacional registran alarmantes datos de brotes de minería ilegal a lo largo de todo el país. Según su información, en Carchi, Imbabura, El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo y el norte de Pichincha se registran actividades ilícitas de grupos dedicados a la extracción de minerales. También constan el alto Nangaritza, Cielito, Monteolivo o en la zona de exclusión minera en Zaruma. Incluso persisten los

brotes en Buenos Aires (Imbabura), pese a la intervención militar que se hizo en julio del 2019 y producto de la cual se desalojó a 6 200 personas que extraían material de forma ilegal. El problema, lejos de solucionarse, se está agravando.

Por si eso fuera poco, Erik Benítez, coronel de la Policía y subdirector nacional de Investigación Antinarcóticos, explicó al portal PRIMICIAS que a través de la minería ilegal existe lavado de activos y tráfico de armas. “En lugares donde se han identificado excavaciones mineras ilegales, también se ha encontrado la presencia de pequeños grupos armados colombianos. Esto nos puede dar una premisa de que hay organizaciones de Colombia, dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Pero, no hemos podido establecer una relación directa entre los carteles mexicanos y la minera ilícita”.

RÍO BLANCO

Personas ajenas al proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, en Azuay, sacan material rocoso que contiene oro y plata sin autorización. Así lo recogió El Comercio en una publicación.

Ecuagoldmining está a cargo de esta concesión, pero se vio obligada a dejarla en mayo del 2018 por una resolución judicial. Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales de China y de Hong Kong no han podido ingresar al campamento minero. Por esto, tras un año y ocho meses que estuvieron sin operar, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para iniciar conversaciones amistosas con el Estado.

Un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento del proyecto. Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”.

pala mecánica. Pero, según una denuncia presentada en Fiscalía por la empresa, estos equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en la zona del proyecto.

Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre del 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento, dentro de las protestas en contra del alza de los combustibles Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministro de Minas hasta hace un par de meses, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que en esta zona se desarrolle minería al margen de la Ley, como ha ocurrido en Buenos Aires (Imbabura) o en Balzar de Los Ajos (Esmeraldas). “Basta que se cierre la puerta a la minería legal, mediante una acción judicial, para que se abran las dos puertas para el desarrollo de actividad minera informal”, precisó Benalcázar.

La Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control estatal de la zona. El área ahora está en manos de un grupo de personas “que decide quién ingresa y quién no”, refirió Patricio Vargas, presidente del gremio. En junio pasado, incluso, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector. Los policías fueron amenazados de muerte y agredidos físicamente. El patrullero fue incinerado y arrojado por un precipicio.

Mientras tanto, Morales dijo que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones. Además, se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas. Los grupos que se oponen a la minería en esta zona y que impulsaron el proceso judicial en contra del proyecto han cuestionado que en Río Blanco no se ha hecho una consulta previa en las comunidades y que esta mina afecta a las fuentes de agua de esta zona.

Por su parte, Ecuagoldmining ha señalado que no se ha demostrado esa supuesta contaminación, ya que su proyecto está en zonas bajas y no afecta a recursos hídricos. Además, que con la consulta popular de febrero del 2018 se solventó el pedido de consulta previa. Todo esto ha generado tensiones. Por esto, tras un año y ocho meses que estuvieron sin operar, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para iniciar conversaciones amistosas con Estado. Este es un paso previo a la presentación de un arbitraje. Ecuagoldmining demanda la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades. El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante.

ESMERALDAS

“Primero llegaron las madereras. Deforestaron y abrieron caminos. Luego llegaron los palmicultores y compraron tierras. Ellos no requieren mayor mano de obra. La gente se quedó sin trabajo y sin tierra. Y la minería quedó como la única opción”. Elisa Levy, coordinadora del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador, en entrevista con Diario El comercio, explica que la principal razón por la que las comunidades del norte de Esmeraldas pasaron de practicar minería ancestral (recolectando oro en los ríos con bateas) a la de pequeña y mediana escala (con maquinaria y mercurio)fueysiguesiendo la falta de oportunidades.

El pasado 18 de noviembre del 2020, cuatro adultos y un niño

murieron por un deslizamiento de tierra en una mina ilegal en el sector de Los Ajos, San Lorenzo, Esmeraldas, según lo confirmó la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. El director de ese organismo, Rommel Salazar, explicó que “es un sector de difícil acceso donde existen grupos irregulares” que alientan esas actividades.

Varios mineros fueron rescatados por unidades de la policía y el ejército que debieron caminar cerca de tres horas en medio de la selva para llegar al lugar de la tragedia. La mina ilegal tenía unos 70 metros de diámetro y 40 metros de profundidad. De allí se extrajeron los cuerpos de las cinco víctimas fatales, que no pudieron ser sometidos a los procedimientos legales como la autopsia porque los familiares se opusieron a entregarlos a las autoridades.

La minería ha persistido en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, a pesar de que existen medidas cautelares establecidas desde el 2011 y ampliadas en 2018 para evitar el daño causado por estas actividades. Según fuentes consultadas por El Comercio, la situación en esta zona, especialmente en ambos cantones, es incluso peor que la de Buenos Aires, en Imbabura. Esto se intensificó durante la pandemia, ya que la minería ilegal no detuvo sus actividades en la cuarentena.

Eduardo Rebolledo, investigador de la Escuela de gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Esmeraldas (EGA-Pucese), quien se ha dedicado a estudiar la calidad del agua de los ríos de la provincia, también alerta sobre los efectos de la minería ilegal. La alta concentración de aluminio y hierro se ha convertido en una constante en estos ecosistemas. El río Cachaví, en el cantón San Lorenzo, es el que registra la mayor afectación minera en el norte de Esmeraldas.

Un estudio realizado en el 2015 por EGA Pucese evidenció que en este río se superaba más de 20 veces la norma establecida para presencia de aluminio. Elcontenido de este metal es similar en los ríos Huimbi, Wimbicito y Estero María del río Ayllón, del cantón Síg- sig, en el Azuay, informó diario El Mercurio. En el operativo se identificó un asentamiento donde se realizaban actividades de extracción de material mineralizado de forma ilegal.

En la intervención de los campamentos ilegales participó la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), en coordinación con Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). De acuerdo con la ARCERNNR, como resultado del operativo se dio la destrucción de cinco moto bombas, dos boyas de dragas y dos campamentos mineros, además de la incautación de evidencia de dos muestras de oro aluvial.

Durante el recorrido se constató también de un frente de explotación ilegal y antitécnico. Las entidades de control se mantendrán custodiando el área como medida preventiva ante una nueva actividad de extracción minera ilegal. La Ley prohíbe iniciar actividades mineras sin licencias ambientales y de uso de agua. Según las autoridades, la minería ilegal aumenta los índices de conflictividad, crímenes, inseguridad y contaminación ambiental.

La minería ilegal en la zona no es nueva. A inicios de este mes, integrantes de la comuna indígena San Sebastián del cantón Sígsig denunciaron una posible contaminación del río Santa Bárbara debido a las actividades mineras que se realizan, en especial, en las partes altas del cantón Sígsig. Sus miembros aseguraron cambios en la tonalidad de las aguas del afluente. Los representantes de la comuna dialogaron en estos días con autoridades municipales incluso de los cantones vecinos de Chordeleg y Gualaceo, por donde atraviesa el Santa Bárbara, para solicitar su apoyo en la defensa del río.

CORDILLERA DEL CÓNDOR

Hace un año, el Ejército y la Policía intentaron tomar control de la cordillera y acabar con las extracciones ilegales de oro. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos han reabierto socavones y ahora operan en ríos que llegan a comunidades indígenas. Mongabay Latam y El Comercio recogieron testimonios que describen la compleja situación, en el Amazonas, frente a una actividad que avanza de forma irrefrenable sobre un área que debió ser parte de un parque nacional.

Las incursiones de los mineros ilegales en la Cordillera del Cóndor habían disminuido notoriamente desde el 15 de octubre del 2019. Ese día, 100 efectivos de la Policía y el Ejército ingresaron al sector del Tambo, en El Cenepa, en atención a una resolución suprema peruana que autorizaba la interdicción de campamentos y maquinaria utilizados por los extractores de oro. Los soldados sellaron socavones, dinamitaron y trazaron zanjas sobre la vía carrozable por donde los ilegales sacaban el material en camiones hacia La Herradura, la localidad ecuatoriana más próxima al Perú. Allí, los cargamentos de tierra eran acumulados y procesados a diario para conseguir la purificación del mineral. Con el fin de erradicar esta actividad clandestina, una tropa y dos fiscales especializados fueron designados para custodiar la zona y se quedaron en las instalaciones de la paralizada minera Afrodita.

Pero los mineros han recurrido a nuevas modalidades. Un policía a cargo del control en la zona detalló que desde inicios de año entran en grupos de siete, solo de noche o cuando hay neblina para pasar desapercibidos. En un caserío cercano a La Herradura, un minero ecuatoriano, quien solo se identificó como Andrés, contó que cada grupo está encabezado por un dirigente que previamente ha reunido dinero para entregárselo a los militares y conseguir así el acceso. “Los mineros que están en el grupo del dirigente que ha negociado pueden trabajar toda la noche. Unos 15 socavones para extracción de

oro están activos actualmente”, precisó Andrés.

La contaminación que emana desde los puntos de procesamiento del oro, en Ecuador, termina llegando a las cabeceras de cuenca de los ríos Cenepa, Comaina y Santiago. Y esto discurre, a través de afluentes, hacia las comunidades awajún y wampis ubicadas en la parte baja de la Cordillera del Cóndor. La salud de los indígenas asentados allí y sus tierras están expuestas a este peligro constante.

La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) del Perú, Flor de María Vega, declaró que otra grave preocupación para su despacho era la deforestación del Parque Nacional Ichigkat Muja, situado en la misma franja de la cordillera en que están las áreas de operaciones mineras. “Nuestra soberanía ha estado conculcada”, expresó. Por su lado, el fiscal Berli Rodríguez estimó que las interdicciones en la cordillera se iban a prolongar hasta fines de año. Sin embargo, solo 10 días después, el brote del Covid-19 truncó nuevas intervenciones militares como las de octubre y marzo. Los mineros ilegales, mientras tanto, han aprovechado la emergencia sanitaria para volver a ganar terreno.