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Minería responsable pieza clave para reactivación del país

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Los sectores productivos rechazamos todo intento mediante el cual se pretenda utilizar la minería responsable para fines proselitistas.  Nuevamente, se ha presentado una solicitud de consulta popular a la Corte Constitucional, a pesar de que este ente ya decidió en dos ocasiones rechazar sus preguntas por considerarlas ambiguas y por contener varios aspectos diferentes en la misma pregunta, que inducen al error y confusión del elector.

El artículo 261 numeral 11 de la Constitución de la República específica que los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales son competencia exclusiva del Estado Central, por lo que los gobiernos provinciales no tienen injerencia en estos temas.

Cabe resaltar que ya en el 2018 el pueblo ecuatoriano se pronunció vía consulta popular, quedando claramente determinado que no se pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas, zonas pobladas o territorio intangible.  Esto constituye hoy mismo una norma Constitucional.  Es decir, se puede hacer minería en los territorios que no se incluyan en estas tres circunstancias.

La minería responsable no afecta a las fuentes de agua y realiza una gestión ambiental apegada a estándares, normativa vigente y buenas prácticas.

En medio de una profunda crisis económica, en la cual cada día se pierden miles de empleos y se recaudan menos impuestos, el sector privado – y la minería como parte de él – genera trabajo, encadenamiento productivo, dinamiza las economías locales y aporta importantes ingresos al Estado a través del pago de tributos y otros derechos.

Confiamos en que la Corte Constitucional actuará apegada a derecho, de acuerdo con los parámetros que los Señores Jueces han establecido, a fin de precautelar la seguridad jurídica en el Ecuador y proteger el empleo y la inversión.