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Reformas legislativas amenazan la industria que más creció en 2020

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El año pasado la minería responsable fue el sector que mejor desempeño tuvo, constituyéndose en una pieza clave para la reactivación del país. Sin embargo -si se aprueban una serie de reformas legislativas- su desarrollo y apoyo a la recuperación económica del Ecuador podría frenarse.

Los sectores productivos expresan su profunda preocupación frente a iniciativas legislativas que podrían detener el progreso de la industria minera responsable en el país.

En estos días podrían aprobarse reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, las cuales truncarían las actividades mineras lícitas y responsables, pues los cambios allí planteados parten de un supuesto erróneo y discriminatorio, en el que se dibuja a la industria minera responsable como generadora de daños ambientales.

Recordamos que, a través del cumplimiento de las normas ecuatorianas, de los estándares internacionales y del plan de manejo ambiental de cada uno de los proyectos, la minería formal lleva a cabo una operación responsable que controla y mitiga los impactos ambientales. No se puede confundir los términos “daño” con “impacto”. Toda actividad humana conlleva un impacto, y éste puede ser manejado y controlado, mientras que el daño implica una situación nefasta irreversible. Cabe recalcar que, la minería moderna hace uso de tecnología innovadora para el tratamiento del agua y su recirculación. Además, en los proyectos responsables existen puntos de medición y análisis del recurso hídrico que monitorean constantemente su estado.

Así también a través de esta reforma se estaría modificando la Constitución, pues el artículo 407 de nuestra Carta Magna claramente establece que no se puede hacer minería en áreas protegidas. Esta iniciativa pretende ampliar las restricciones de manera antitécnica, antojadiza y discriminatoria, creando -además- un caos jurídico al generar contradicción de normas.

La minería responsable aplica una práctica ambiental moderna que prioriza el desarrollo económico y social de la mano de la protección ambiental. En caso de que estas reformas se aprueben, causarán un efectivo y determinante estancamiento a la minería del Ecuador, generando -además- un grave e irreversible efecto en el sector productivo. En 2020 se exportaron más de mil millones de dólares en productos metálicos. Esto representa una importante inyección a la economía nacional.

De concretarse estas reformas, se frenaría la inversión y la entrada de divisas. En ese escenario, el daño a la industria minera se extenderá a otros sectores productivos. Tememos que, esta falta de oportunidades pueda abrir la puerta a la proliferación de las actividades de minería ilegal. Por todo ello, el sector productivo pide al gobierno ecuatoriano defender sus intereses como administrador de los recursos minerales y de los sectores estratégicos. Así también hace un llamado a las autoridades legislativas para que decidan con base en criterios técnicos, para que escuchen a los sectores involucrados y que ejerzan su mandato con responsabilidad y defendiendo la industria, el empleo y las operaciones responsables que serán claves para sacar al país de una de las mayores crisis económicas de su historia.