El sector minero formal, regulado y responsable frente a la inconstitucionalidad de los nuevos pedidos de consulta popular

Los nuevos pedidos de consulta popular alrededor del tema minero son inconstitucionales porque atentan contra los derechos del Estado y de todos los ecuatorianos.

La Corte Constitucional tiene nuevamente en sus manos la responsabilidad de emitir un pronunciamiento del que dependerá el desarrollo económico del país a través de la minería responsable o bien su paralización, con todas las implicaciones para el futuro del Ecuador que esto implica según la dirección que adopte.

• La Constitución permite la posibilidad de que se realicen consultas populares a nivel nacional y local. Sin embargo, cada consulta debe circunscribirse a asuntos de competencia de la respectiva jurisdicción territorial. Por ello, es inconstitucional que se realice una consulta a nivel local sobre un asunto de interés nacional como la minería.
• Los nuevos pedidos de consulta popular alrededor del tema minero son inconstitucionales porque atentan contra:
• • La facultad exclusiva y privativa del Estado para administrar, regular y gestionar los sectores estratégicos;
  • Los derechos de todos los ecuatorianos a beneficiarse del desarrollo sostenible y del aprovechamiento de sus recursos naturales;
  • Los derechos de todos quienes conforman la cadena productiva del sector minero formal y regulado y responsable: empleados, comunidades, proveedores, inversionistas, técnicos, profesionales, académicos y estudiantes.
• El sector minero formal, regulado y responsable confía en la seguridad jurídica, el marco legal y la Constitución que protege sus actividades, para su desarrollo y consecuente impacto positivo en la economía del país.
• La pregunta planteada en la provincia del Azuay contiene, a la vez, varias interrogantes que tratan de resolver varios temas diferentes, lo cual, lejos de aclarar el tema, lo vuelve confuso. La pregunta involucra todo el ciclo minero, en 8 diferentes circunstancias.
• La discusión nacional debería girar en torno a si en el Ecuador se desarrolla la minería legal y responsable o a la actividad ilegal. La primera garantiza el control y cumplimiento del marco normativo que la rige y cumple altos estándares de seguridad para el cuidado del ambiente y de los trabajadores; la segunda, abre la puerta a la inseguridad y delitos conexos de graves consecuencias, como la explotación laboral y la afectación al medio ambiente, perjuicios al fisco al no recibir regalías ni impuestos y fomento del narcotráfico a través del lavado de dinero.
• La Corte Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de que, a partir de una actividad minera responsable, Azuay y el país se beneficien de los ingresos, intercambio de tecnología y experiencias, además de encadenamientos productivos, al generar empleo directo e indirecto en múltiples sectores, en condiciones dignas, adecuadas y formalice la economía como consecuencia del manejo legal de la actividad. Si se proliferan los “Buenos Aires”, se prolifera la inseguridad, la informalidad y la precarización del trabajo, el narcotráfico y la delincuencia.
• La Corte Constitucional recientemente ha emitido dos pronunciamientos en los cuales ha aclarado que el procedimiento de consulta popular no es el mecanismo adecuado para consultar temas que impliquen una modificación del texto constitucional. Para ello, la Constitución reconoce los procedimientos de enmienda y reforma constitucional en los artículos 441 y siguientes de la Constitución.
• Ecuador cuenta con un potencial geológico importante que debe ser aprovechado de manera sostenible en el marco del estricto cumplimiento de la ley y la normativa; no hacerlo da cabida al desarrollo de actividades ilegales y sus consecuencias sociales y ambientales.
• Otro paso en la consolidación del manejo responsable de todos los procesos en la cadena productiva de la minería es la adhesión de la Cámara de Minería Ecuatoriana, al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés). La adhesión implica un compromiso basado en diez principios de prácticas ejemplares a favor del desarrollo sostenible en la industria minera y metalúrgica.

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador