El vía crucis de Río Blanco sigue

El vía crucis de Río Blanco sigue

Desde hace más de un año, el proyecto está paralizado. El temor ahora es que la minería ilegal invada la zona. La veta está muy cerca de la superficie y eso podría ser un peligroso imán. Los directivos piden soluciones.

Tras el desalojo de cerca de 9.000 mineros ilegales de Buenos Aires (Urcuquí, Imbabura), la alerta ante una posible migración hacia otros proyectos se encendió. Uno de esos es Río Blanco, en la parroquia rural cuencana Molleturo, cerca del Parque Nacional Cajas, una zona considerada por la Unesco dentro de la Red de Reservas de Biósfera.

Los trabajos en el campamento están paralizados desde junio del 2018 por orden del juez Paúl Serrano, quien dictaminó que la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución.

En un recorrido por el campamento se observaron grandes rocas de color rojizo y gris que, según los pocos empleados que se mantienen ahí, son mineralizadas y en su interior tienen oro y plata que se puede obtener tras un largo y demorado proceso técnico y químico. El subgerente de Río Blanco, Xavier Sánchez, dice que, si bien es un proyecto subterráneo, el yacimiento es superficial y a escasos 20 metros de profundidad de los túneles se encuentra material. “En la superficie se encuentran grandes valores y es un botín fácil para minería ilegal”, aseguró.

Con esto coincidió el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, quien evidenció que la veta está al descubierto y el riesgo es mayor.

Si a esto se suma el desempleo nacional y el hecho de que se pueda acceder a la mina fácilmente, en especial por la zona de Migüir, la situación podría ser peor que en Buenos Aires. “Si allí llegaron 10.000, acá serán 20.000 (ilegales)”, señalan los actores.

Luego de un enfrentamiento en mayo del 2018, que terminó con la quema parcial del campamento de Ecuagoldmining, los moradores de San Pedro de Yumate instalaron una caseta para controlar el paso por la vía pública. Ellos disponen quién sube y quién baja. Lauro Urgilés, directivo de la zona norte de Molleturo, recuerda que esto comenzó por problemas internos, porque querían evitar que gente suba y siga trabajando.

Siguen con restricción para evitar a los informales por ser una potencial amenaza de contaminación a las fuentes hídricas. A pesar de que están muy pendientes, reconoce que hay gente que se les ha escapado.

En la zona están 19 oficiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) distribuidos en las oficinas de Ecuagoldmining, en Migüir y Cochapamba. Los del último lugar tienen la tarea más dura, porque la semana pasada comuneros les quitaron la cocineta y el tanque de gas con el que calentaban sus alimentos, contó Wilson Yugsi, suboficial.

Quienes defienden y apoyan el proyecto Río Blanco esperan que la Corte Constitucional resuelva una Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, para que se reabra la mina.

Mientras, el subgerente del proyecto, Xavier Sánchez, espera “que la paciencia del directorio llegue a fin de año”. Y aunque sienten el respaldo del Gobierno, la idea de iniciar un arbitraje internacional si no pueden avanzar con la explotación, es una opción.

Tomado de El Universo

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