La minería ilegal exportó oro por USD 1 300 millones desde Ecuador

Las ministras del Interior y Ambiente y el director encargado de la UAFE reconocieron que existen mafias enquistadas en las agencias de control de la minería en el país.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, confirmó que la minería ilegal exportó oro por alrededor de USD 1.300 millones en referencia a la investigación que lanzó la alianza entre Plan V de Ecuador, Convoca de Perú y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y calificó a este fenómeno como un “monstruo” al tiempo que anunció el inicio de una campaña contra este negocio ilícito.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, Palencia, junto con Julio José Neira, secretario General de Integridad Pública y director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), e Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, coincidieron en la gravedad de este problema y aseguraron que han tomado medidas.

Por ejemplo, según Neira, el Servicio de Rentas Internas (SRI) realizó 192 inspecciones de campo a mineras para verificar los datos de su Registro Único de Contribuyentes (RUC), entre ellos su dirección física. El resultado fue la suspensión del RUC de 78 de estos mineros, que estarían asociados a las denuncias que hiciera Plan V desde el 2024.

En julio del año pasado, Plan V -como parte de una alianza periodística transfronteriza- descubrió en una primera fase que exportadoras fantasmas exportaron al menos USD 500 millones. En una segunda, la alianza completó el mapa de actores involucrados en este tipo de exportaciones y concluyó que sus ventas de oro superaron los USD 1 300 millones. Además, tanto empresas como personas realizaron pagos mínimos o nulos de impuestos a la renta. La alianza periodística requirió al SRI información sobre sus inspecciones a estos mineros, pero hasta el momento no llega una respuesta.

Neira afirmó que hay comunicaciones entre el SRI y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para tomar medidas administrativas y sancionadoras contra estos mineros. Por su parte, Palencia pidió a la ciudadanía que delate, de manera anónima pero sustentada, a los grupos delincuenciales, políticos o funcionarios vinculados a la cadena de la minería ilegal. A través de los números 131 o 1800 DELITO (335486), las personas pueden entregar esta información.

Un fenómeno que se expande

Basada en datos del Observatorio de Complejidad Económica del 2022, Palencia dijo que el 2,59% del total de exportaciones al Ecuador estuvo relacionado con la actividad minera, incluidas las exportaciones denunciadas por este medio, reconoció la ministra. Agregó que esas ventas contribuyeron en un 1,6% al PIB de ese año.

“Es tanto el dinero que representa que le quitas una retroexcavadora y compran otra”, dijo Palencia. Explicó que alrededor del oro existen varios negocios ilegales, desde la misma extracción hasta la compra y venta del mineral, pasando por el transporte de las maquinarias por vía fluvial.

Neira informó que existe un reglamento para registrar toda la maquinaria amarilla que se importa, como las retroexcavadoras. Este es un trabajo que se desarrolla entre el Servicio Nacional de Aduana (Senae) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Según el funcionario, la maquinaria hallada en minería ilegal será destruida cuando estén en áreas donde no sea posible moverlas.

La ministra Manzano agregó que en la Ley Orgánica de Alivio Financiero se dispone que esta maquinaria pase a manos del MTOP. Añadió que el Ministerio de Ambiente tiene la capacidad de realizar controles satelitales y que, incluso, pueden observar a las personas hasta a tres metros de distancia.

Vera, entonces, le cuestionó por qué no han logrado detener casi 200 focos de minería ilegal. A lo que la Ministra le dijo que eran solo 70 puntos ubicados en 20 de las 24 provincias del país. Las únicas provincias que no tienen esta actividad ilegal son Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas.

Palencia afirmó que los lugares más afectados por la minería ilegal son la frontera norte, además de Tena, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Camilo Ponce, en Azuay. En estos lugares, según la Secretaria de Estado, han detectado la presencia de una gobernanza criminal que satisface las necesidades de las comunidades y que se expande bajo la complicidad de autoridades seccionales.

El catastro minero se reactivará

La ministra Manzano confirmó que por disposición del presidente Daniel Noboa, se reabrirá el catastro minero que está cerrado desde el 2018. “El catastro es una radiografía de donde están las concesiones mineras, las inversiones y el que no haya invertido se devuelve y se le retira el derecho minero”, dijo Manzano, quien añadió que el 6% del territorio de todas las concesiones tiene minería ilegal.

Manzano informó que ya han seleccionado a la empresa extranjera que estará a cargo de este proceso que se hará de manera progresiva: primero la pequeña minería y artesanal y después las minerías a mediana y gran escala. Dicha compañía, cuyo nombre no mencionó, tiene la tecnología para la reapertura del catastro. “El Presidente ha pedido abrirlo lo más pronto posible”, dijo.

Finalmente dijo que el principal depredador del ambiente es la minería ilegal y confirmó que La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, está nuevamente tomado por la minería ilegal.