Seis ejes sostienen la nueva política pública minera del Ecuador

Fomentar, fortalecer, promover. Son varias acciones por las que transitará en los próximos años la actividad minera y el trabajo de todos los actores involucrados. Hay desafíos importantes: la lucha contra la minería ilegal, el incremento de la producción, el fortalecimiento del vínculo comunitario, la promoción de la investigación y la innovación…

La parroquia Timbara, en Zamora Chinchipe, fue el escenario de otro hito para la actividad minera en el Ecuador. Entre autoridades locales y provinciales, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y los ministros de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez y de Economía y Finanzas, Richard Martínez, presentaron la nueva Política Pública Minera, la misma que se articula en seis ejes, siete objetivos estratégicos y siete políticas públicas.

En un acto especial, Pérez destacó que para este período de Gobierno, el sector minero comprometió inversiones sobre los USD 3.800 millones y que actualmente genera alrededor de 32.000 empleos directos. “Los recursos minerales son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos y es nuestro deber velar para que todos los procesos de explotación y exploración sean ejecutados de una forma responsable, social y ambientalmente”.

Por su parte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner calificó a la minería como una pieza clave para el desarrollo. “Es el motor que necesitamos para darle velocidad a este proyecto de país que nos dirige hacia el progreso, equidad y prosperidad, con una minería responsable, incluyente, que cumple con cuatro elementos: respeto ambiental con mayor regulación y control, inclusión comunitaria, desarrollo social y control estricto a la minería ilegal”.

El segundo mandatario aclaró que cuando se refiere a la minería ilegal no es a la pequeña minería, “porque las cosas se pueden hacer bien en pequeño y grande, lo importante es que quien tenga una iniciativa minera lo haga dentro de la normativa vigente en el Ecuador, respetando el medio ambiente. A las actividades ilícitas les decimos ¡no!, ese no es el camino”.

Además, el Vicepresidente resaltó que si se hacen bien las cosas dentro de lo programado en 2021, la minería significará cuadruplicar los ingresos mineros en el país, llegar a aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y pasar a ser, en el transcurso de dos años, la segunda industria más importante del Ecuador, después de la petrolera.

En este sentido, el presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, Rubén Naichap, indicó que el diálogo es la mejor herramienta para llegar a acuerdos y cumplir los objetivos. “Queremos el desarrollo para el país, la provincia y el pueblo shuar, un desarrollo integral, armónico y con identidad. Para ello, es necesario sentarnos en una mesa técnica y analizar cómo se viabilizarán los recursos económicos que va a generar la industria minera”.

Para el gobernador de Zamora, Franco Salinas, la nueva Política Pública Minera es el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones del país, para garantizar la planificación sectorial, afianzar las inversiones y fomentar una gestión eficiente y sostenible hacia una minería responsable, legal y controlada. “Estamos trazando el camino seguro hacia un accionar consciente de las responsabilidades que tenemos con el medio ambiente”.

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO

El objetivo es posicionar al sector minero como industria relevante de la economía nacional, promoviendo mayores niveles de inversión con un desarrollo competitivo y sostenible.

Elaborar un modelo económico de largo plazo que identifique la rentabilidad para el Estado, determinando la contribución al Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones, inversión nacional y extranjera, niveles de producción, costos ambientales y sociales, operativos y post operativos.

Promocionar la captación de inversión minera nacional y extranjera, con responsabilidad social y ambiental, conforme el otorgamiento planificado de áreas.

Diseñar e implementar un modelo de desarrollo integral, en cumplimiento de la normativa minera, hídrica y ambiental, para la minería artesanal y la pequeña minería; a través de instrumentos como la asociatividad, formalización y escalonamiento.

Promover la eficiencia en las negociaciones entre el Estado y las empresas mineras que garanticen condiciones adecuadas a las partes, tanto económica, social y ambiental.

Fomentar encadenamientos productivos que incorporen valor agregado en la industrialización de los productos de minería (metálicos, no metálicos).

Generar condiciones de competitividad para el desarrollo de la industria y su inserción en los mercados tanto nacionales como internacionales.

Fomentar la diversificación del uso y comercialización de los minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción en la industria ecuatoriana, aprovechando la disponibilidad del recurso en el país.

Impulsar la formación de clústers mineros que permitan el desarrollo y vinculación de la industria minera, generando beneficios para todos los actores involucrados.

EJE 2: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

El objetivo es promover la adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional en la industria minera que garantice un aprovechamiento integral y responsable de los recursos minerales.

Articular y fortalecer el trabajo intersectorial para mejorar el seguimiento y control ambiental en las diferentes fases de las actividades mineras.

Incluir externalidades y costos ambientales, hídricos y sociales en los proyectos mineros y sus planes de operaciones.

Definir de manera coordinada zonas idóneas para el desarrollo de las actividades mineras en base a criterios sociales, ambientales, hídricos en lo que respecta a fuentes de agua declaradas de interés público y zonas de importancia hídrica, productiva, económica, técnica, de seguridad y de riesgos. Y respetar las zonas de exclusión conforme a la Constitución y normativa vigente.

Garantizar el financiamiento para la operatividad de las entidades de regulación y control, así como la remediación ambiental principalmente de afectaciones ocasionadas por las actividades mineras ilegales.

Incorporar la gestión integral de riesgos, incluyendo los de seguridad ocupacional, dentro de los procesos de otorgamiento de derechos, desarrollo, control, seguimiento y monitoreo de las actividades mineras, con la participación de la población en casos de afectación.

Otro objetivo, dada la importancia de este eje es armonizar las relaciones entre los diversos actores mineros, propiciando el desarrollo de las áreas de influencia, mediante mecanismos de participación y diálogo.

Promover en las empresas modelos de gestión comunitaria y responsabilidad empresarial, para generar vínculos comunitarios sólidos en base a los criterios de oportunidad y transparencia.

Fortalecer las redes de gobernabilidad y gobernanza en el territorio donde se desarrollan actividades mineras, antes, durante y después de las operaciones.

Articular con los diferentes actores, la ejecución y efectividad de la redistribución de los recursos provenientes de las actividades mineras, para el desarrollo sostenible mediante proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las zonas de influencia minera y establecer mecanismos de compensación ambiental y social postminería.

Garantizar una efectiva participación ciudadana en todas las etapas del proyecto que permita las veedurías ciudadanas, procesos transparentes de consulta previa libre e informada y un diálogo continuo, entre otros mecanismos.

Coordinar entre los distintos niveles de gobierno, para garantizar el desarrollo y la ejecución de la planificación especial en los territorios en que se realicen proyectos de transcendencia nacional.

EJE 3: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El objetivo es fortalecer la investigación geológica, minera y metalúrgica, promoviendo desarrollo tecnológico, servicios especializados, transferencia de conocimiento, incentivos a la innovación para todos los regímenes y generación de talento humano calificado y certificado.

Incrementar e impulsar la generación de información geológica-minera metalúrgica, con estándares internacionales.

Generar líneas de investigación industrial relacionada a la materia prima mineral.

Promover la identificación de nuevas zonas de interés en base a la valoración y validación de la información sobre recursos minerales disponibles, que favorezcan la planificación de áreas idóneas para el desarrollo de las actividades mineras.

Promover la generación de capacidades y desarrollo tecnológico, a fin de impulsar procesos de calidad en la exploración, explotación y beneficio de minerales, la generación de valor agregado.

Promover el talento humano calificado nacional en las diferentes áreas de interés para generar un modelo de desarrollo integral de la actividad minera mediante la oferta educativa especializada, bajo la coordinación del Estado ecuatoriano.

Mejorar los procesos de categorización de las actividades mineras para maximizar la productividad y la rentabilidad.

Promover la innovación y la incorporación de tecnologías limpias.

EJE 4: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

El objetivo es articular las funciones y competencias de las instituciones públicas involucradas en el sector minero mediante la coordinación intra e intersectorial, en términos de transparencia, eficiencia y eficacia.

Promover el mejoramiento de los procesos en su eficiencia y eficacia, así como el fortalecimiento de la institucionalidad para la regulación y el control en el sector.

Garantizar la transparencia en los procesos del sector, así como las fuentes y usos de los beneficios generados por la actividad minera, para el desarrollo íntegro del país.

Conformar un sistema integral de administración de la información para la toma de decisiones, en coordinación con las instituciones involucradas.

Mejorar los procesos de obtención de los actos administrativos previos de manera intersectorial, para atender las demandas de formalización de actividades mineras en todos los regímenes.

Generar espacios de diálogo y concertación entre las entidades públicas del gobierno central, así como de los demás niveles de gobierno, para el cumplimiento de los objetivos del sector.

EJE 5: REGULACIÓN, CONTROL Y COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL

El objetivo es fortalecer la estructura de administración, regulación y control del Estado, mediante la aplicación de procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de las actividades mineras.

Efectivizar una estrategia integral para la prevención, combate y sanción de la actividad minera ilegal en todo el territorio nacional.

Fortalecer la capacidad de seguimiento, control y sanción de las instituciones vinculadas a las actividades mineras competentes

Fortalecer el control y regulación con la trazabilidad del material minero para conocer el origen y volúmenes de producción, así como su destino en la cadena de comercialización del mismo. d) Fortalecer el marco institucional para la administración, regulación y control del Estado a las actividades mineras y para agilitar los procesos de prevención, combate y sanción a la minería ilegal.

EJE 6: NORMATIVA

El objetivo es promover un marco normativo sólido para el desarrollo de la industria minera, mediante la revisión, análisis y propuestas de una normativa minera que conduzca a la seguridad jurídica del sector.

Promover la coherencia de la normativa conexa y el modelo integral de gestión, que permita viabilizar el desarrollo de la actividad minera.

Generar el compromiso estatal y privado para afianzar la estabilidad jurídica y mantener complementariedad y coherencia entre las acciones de los distintos poderes del Estado en materia jurídica para el desarrollo de la minería.

Promover la estabilidad, permanencia y aplicabilidad del marco normativo minero y conexo para brindar seguridad jurídica.

Coordinar entre los distintos niveles de gobierno la armonía en la aplicación y generación de normativa relacionada a la regulación, autorización y control de las actividades mineras con las particularidades del territorio.

Fortalecer el marco normativo para la administración, regulación y control del Estado a las actividades mineras y para agilitar los procesos de prevención, combate y sanción a la minería ilegal.

DOS RETOS URGENTES

Con toda esta estructura construida, el desafío para el país es engranarla en todo su conjunto. Y en este sentido, a la par de la puesta en marcha de la Política Pública Minera, surgieron dos temas importantes por resolver: la desinformación en torno a la actividad minera y la formalización de los mineros para evitar la actividad ilegal.

LA MINERÍA NO USA VENENO

La politización y la desinformación en torno a las consultas populares es un tema que puede pasar una costosa factura al país. A menudo se relaciona la minería a gran escala, responsable y que está obligada a cumplir con una serie de exigencias en todos los ámbitos de la actividad, con la que realiza la minería ilegal, que es depredadora de los recursos naturales, económicos y humanos. Esta confusión generalmente impacta en la industria formal, que debe lidiar permanentemente con el antagonismo sin fundamento de grupos antagónicos, los cuales empiezan a buscar una solución de detener el trabajo a través de consultas populares.

Hace varias semanas, en un medio de comunicación se afirmaba, lamentablemente, que el problema de la oposición a la minería es que “el problema son la fuentes de agua de la Cordillera que riegan las provincias del litoral, sus cultivos, que son exportaciones no petroleras y millones de seres humanos utilizan esas aguas, que serían irremediablemente envenenadas por arsénico, cianuro, mercurio y plomo, indispensables para la producción minera (…) Por eso mismo, debe ser consultada la ciudadanía de todo el país, y no exclusivamente la de cuatro parroquias rurales, sobre si prefieren unos cuantos millones en 30 años, para felicidad de los nuevos ricos de la burocracia, o para el envenenamiento masivo de seres humanos y las exportaciones no petroleras. La ciudadanía debe ser consultada”.

La temeraria e infundada aseveración fue desmentida, tanto desde el lado legal como técnico, por el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano. En primer lugar, el Estado ecuatoriano, es decir, los casi 17 millones de ecuatorianos son los dueños de los recursos que existen en el subsuelo del país. El Art. 261 de la Constitución, claramente establece quién tiene la potestad, precisamente exclusiva, sobre los recursos naturales, incluyendo los recursos energéticos y minerales.

En segundo lugar, explica Zambrano, la minería responsable es un buen negocio. “La dicotomía no está entre minerales o agua, minerales o recursos naturales, la dicotomía está entre hacer una minería responsable, técnica, que tiene estudios ambientales, que está vigilada por el Estado, o tener ese caos que tuvimos en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura”.

Y, por último, El arsénico y el cianuro están prohibidos de acuerdo con las normas ambientales en el Ecuador. La minería industrial responsable no utiliza dentro de sus procesos, ni arsénico, ni ninguno de estos metales pesados. Precisamente existen técnicas desarrolladas, técnicas de nueva generación que no permiten la utilización de estos metales pesados en los procesos de transformación de los minerales que se extraen del fondo de la tierra.

“Lo que hay que hacer precisamente es otorgar concesiones, como las que están en este momento, que son concesiones legales, son concesiones legítimas, que están bajo vigilancia de las autoridades. Es muy importante que la ciudadanía conozca que antes de que una empresa tenga los permisos necesarios para poder entrar a operar, requiere autorización de la Senagua, del Ministerio de Ambiente, requiere autorización del Ministerio de Agricultura y de otras autoridades públicas que precisamente están velando por el interés de todos los ecuatorianos”.

MINERO ILEGAL GANA MÁS DEL SALARIO BÁSICO

“A mi amigo lo secuestraron y casi lo matan por defender la minería legal”. Fue la experiencia que compartió Raúl Palma (nombre protegido), exmiembro de una agrupación de mineros que apoya la actividad responsable y cuya historia fue recogida por Diario El Telégrafo como muestra de la necesidad de trabajar en una política que incorpore y formalice a los mineros a la legalidad.

Raúl tiene temor de que lo identifiquen. Eso sí, reconoció que fue un activista que exigía a las autoridades que se concretaran programas para formalizar esta actividad, pero desistió de su interés. Hace cuatro meses su compañero huyó de la localidad Buenos Aires (Imbabura). Un grupo de hombres lo raptó y torturó “como advertencia” para los demás “compañeros de lucha”. Poco después, Raúl hizo lo mismo por temor a represalias.

La situación es recurrente luego de que Buenos Aires (parroquia La Merced, cantón Urcuquí, en Imbabura) fuera identificada como una zona rica en oro. El potencial minero repercutió en enfrentamientos entre grupos armados que buscaban el control de la zona. Y aunque las fuerzas del orden recuperaron el orden, el eco de lo ocurrido ahí retumba en el boca a boca.

El minero Palma habló de otro problema en la zona: muchos obreros locales salieron por la presencia de ciudadanos de Perú, Colombia y Venezuela. “Han salido muchos ecuatorianos porque se sienten atropellados”, advirtió. Se estima que un obrero de minería ilícita gana más que el salario básico unificado (USD 394) vigente, pero dijo que el Estado compite en desventaja con una economía ilegal. “El crimen organizado pasa por alto procesos legales, como concesiones mineras, contratación del personal,  pago de impuestos”, explicó Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior.

A través de una entrevista radial, Fernando Benalcázar, viceministro de Minas y de Recursos Naturales No Renovables, recordó que desde el 4 de junio entró en vigencia la Política Minera para obtener incentivos tributarios, pero también para regular y combatir la actividad ilícita. El plan establece el marco para la planificación sectorial minera entre 2019 y 2030 para consolidar este sector como un eje de la economía del país. El viceministro reconoció la gravedad del problema de ilegalidad. Añadió que este documento es una de las acciones del Gobierno.