El ‘culebrón` en LLurimagua continúa en medio de las expectativas chilenas

Codelco aspira a solventar el embrollo legal para inyectar USD 250 millones en inversiones dentro de la segunda etapa del proyecto en Imbabura. El proceso se encuentra en manos de la Contraloría.

La Contraloría General del Estado en Ecuador entregó los resultados provisionales alcanzados durante el examen especial al proyecto minero Llurimagua, en Imbabura, a cargo de las empresas estatales Codelco, de Chile, y Enami, de Ecuador. Las conclusiones del documento apuntan hacia una posible causal de caducidad.

¿La razón? Según el organismo de control, en su documento, señala que en el período analizado entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017, presumiblemente no se constituyó la empresa de economía mixta con Codelco para el desarrollo del proyecto, por lo que las actividades en Llurimagua no tendrían respaldo contractual. Además, esa firma chilena no habría entregado información sobre las características del yacimiento ni señalado la cantidad y el tipo de minerales que permitan conocer el posible beneficio para el Estado ecuatoriano de explotarlos, consta en un comunicado.

La auditoría anotó que tampoco se incluyeron medidas de mitigación ambiental acordes a la realidad de la zona, “puesto que el Ministerio del Ambiente elaboró el plan de manejo ambiental con información incompleta y, en contra de las disposiciones legales, no se aplicó la consulta previa en las comunidades para conocer su opinión”. Codelco y Enami, según las conclusiones del estudio, supuestamente utilizaron agua de fuentes no autorizadas y no emitieron directrices para efectuar el control de la calidad del líquido vital. Ambas firmas, además, pudieron haber incurrido en causal de caducidad de la concesión, por no presentar informe anual de actividades y plan anual de inversiones de la concesión minera Llurimagua en el plazo establecido. Además, las empresas habrían realizado actividades mineras en el 2014 sin contar con licencia ambiental.

Al respecto, en un documento de más de 50 páginas, Codelco enfrentó los cuestionamientos considerándolos erróneos o mal fundamentados. El principal punto tiene que ver con la supuesta falta de un informe de actividades e inversiones correspondiente al 2014, además de la realización de tareas mineras sin licencia ambiental, lo que podría terminar en la caducidad de la concesión minera. Según la estatal chilena, los documentos sí fueron presentados a la autoridad, ya que de lo contrario se debería haber notificado el incumplimiento e iniciado el procedimiento para resolver si aplica la caducidad o no, lo que no ocurrió.

En cuanto a la falta de inscripción en el catastro minero de ese país, señaló que, al tratarse de un acuerdo internacional respaldado por ambos Estados, tras la firma de hasta tres convenios, no se hacía necesario su registro, lo que se respalda con lo que dicta la Constitución del país andino en que se señala que los instrumentos internacionales tienen una posición jerárquica mayor a las leyes. Codelco descartó también posibles daños ambientales ligados a tala de árboles, así como a la idoneidad de los profesionales que llevaron a cabo el proceso de participación social.

Con todo, el interés de la chilena por impulsar el proyecto continúa, por lo que presentará un nuevo informe cuando sea notificada. A la fecha ha invertido unos USD 40 millones en exploraciones, pero una vez que se defina el modelo de negocios, en el que Enami EP tendrá un 51% del proyecto y Codelco un 49%, la Corporación contempla una inversión de unos USD 250 millones para la siguiente etapa de la iniciativa.