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Hartazgo colectivo por la actividad minera ilegal en Ecuador

Gobierno, empresas y comunidades unen voces -y acciones- para enfrentar el avance de la explotación irracional de los recursos naturales mineros. La Administración de Guillermo Lasso anunció una arremetida contra las bandas que lideran este submundo de corrupción, violencia, explotación humana y depredación del medio ambiente. Es un inicio, pero el sector privado y organizaciones sociales de defensa de la naturaleza cierran filas para enfrentar este terrible problema.

Las imágenes que el fotógrafo Jorge Anhalzer publicó en su cuenta de Instagram son lapidarias y sobrecogedoras. Quizás no distintas a otras que se toman en diferentes partes del planeta donde la actividad ilícita minera extiende sus tentáculos, pero  que sacuden por tratarse de territorio ecuatoriano. Y él lo resume con dolor:

“La ambición sin medida que actúa en las gentes, que parecen desconocer que hay un mañana, la pobreza verdadera o solamente pretendida que empuja y sobre todo la falta de control, permiten a hordas ilegales invadir las márgenes fluviales sin recato alguno. Pelotones de máquinas excavadoras y ejércitos de trabajadores de a pie, pala en mano, se dan la tarea de remover la capa vegetal y los cantos rodados para extraer el oro traido por el río. Ingentes cantidades de mercurio ayudan en la tarea, pero acaban envenenando ríos, peces y personas. El Gobierno algo hace, tiene más de cien máquinas retenidas en un canchón en el Tena, pero su labor es de largo insuficiente, complicada por funcionarios y jueces corruptos (…). Hace poco, esta funesta actividad se tomó el Punino, río del cual bebe el Coca, ciudad donde habitan cantidad de nativos. Fueron las vilipendiadas Fuerzas Armadas las que los desalojaron, no una sino dos veces. Curioso, la guardia indígena amenaza las mineras legales, pero no para balón a las ilegales”.

En los últimos años, la actividad ilícita alrededor de la minería se ha expandido, no solo en Ecuador, sino también en el mundo. Puertas adentro, solo basta mencionar Zaruma o Buenos Aires para conectar directamente con los estragos sociales, económicos y ambientales que provoca esta nociva práctica. Por eso, los gobiernos poco a poco comprenden que esta es una amenaza muy fuerte para el equilibrio en todos estos aspectos. Y por ello, por ejemplo, en Brasil, el ministro de Defensa José Múcio, ordenó el despliegue del Ejército en la Amazonia brasileña para luchar contra la extracción ilegal de oro, que tanto vienen denunciando las comunidades indígenas por los estragos que ocasiones a sus ecosistemas y formas de vida. “Sabemos que el origen es la extracción ilegal de oro, está muy presente y será desmantelada. Vamos a enfrentarnos a ello y cortarlo de raíz”, ha prometido el Ministro. Y en Ecuador, las acciones parecen encaminars en la misma línea.

Durante su presencia en el Foro Económico de Davos, el presidente Guillermo Lasso, en entrevista con la agencia de noticias EFE, llamó a las empresas mineras a invertir en Ecuador y subrayó que su Gobierno combatirá con las fuerzas del orden a la minería ilegal, porque es una amenaza a la estabilidad del Estado ecuatoriano. Añadió que el combate a la actividad ilegal estará a cargo de las instituciones de seguridad del Gobierno. “Yo quiero decirles a todas las empresas mineras del mundo que este Gobierno respalda la minería legal y que va a combatir con mucha fuerza la minería ilegal, que afecta al medio ambiente, que no respeta los derechos laborales de los trabajadores y además son vehículos para lavar dinero. Impulsaremos la inversión en una minería sustentable, que trabaje coordinadamente con las comunidades donde se desarrollan estas actividades y con empresas de reconocido prestigio, respetuosas de los derechos laborales”.

Una vez dicho esto, el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional y anunció su respaldo a las concesiones mineras. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que esta actividad es una cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos, “convirtiéndose en una estructura delincuencial”.

Inmediatamente después de las declaraciones del Mandatario ecuatoriano, se pronunció la Cámara de Minería del Ecuador (CME), gremio representante del sector minero industrial, en apoyo a la decisión del Gobierno Nacional de declarar a la minería ilegal y todas sus actividades conexas, como amenaza a la Seguridad Integral del Estado. Durante una rueda de prensa, María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la CME, señaló de manera enfática que “el verdadero enemigo de todos los ecuatorianos es la minería ilegal, que también es enemiga de la naturaleza, de la soberanía de nuestro país. La extracción ilícita de minerales no respeta al ser humano ni a la naturaleza, pues opera sin permiso alguno, no se sujeta a ninguna licencia ambiental y no ofrece trabajo formal”. También mencionó que la extracción ilegal de minerales es un delito que afecta a todos los ecuatorianos y no aporta económicamente pues no paga impuestos ni cumple con obligaciones financieras y actúan sin control alguno de la autoridad ambiental y del agua, lo que perjudica a los recursos naturales.

Silva fue más allá, incluso, durante una entrevista con el portal de noticias Primicias, señalando a esta actividad directamente como “Narcominería” y culpando, de alguna manera, que esta se haya expandido a la demora de la reapertura del catastro minero. “El crecimiento de la narcominería o minería ilegal financiada por el narcotráfico es una de las principales preocupaciones para las empresas del sector minero formal, la demora de la apertura del catastro minero pone en riesgo el avance de los proyectos formales, retrasa inversiones y deja abierta la puerta para la minería ilegal. La narcominería está cada vez más fuerte. El sur del país está tomado por la minería ilegal, incluso hay indicios de minería ilegal en zonas protegidas, como en el parque Podocarpus. Si hay alguien a quien le interesa que no avance la minería formal es a la narcominería. No tenemos quejas formales de empresas extorsionadas por bandas de narcotráfico, porque no es nuestra función, pero hemos escuchado casos. El financiamiento del narcotráfico a la minería ilegal no se puede negar. Para movilizar maquinaria de tal magnitud es necesario un fuerte músculo financiero. ¿Cómo se explica que decenas de retroexcavadoras entren a Napo a sacar material minero? Las empresas formales han puesto denuncias, pero quedan en punto muerto”.

Justamente, en esta línea, Ee presidente Lasso y el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, se comprometieron a adoptar acciones articuladas entre ambos países para combatir el narcotráfico. Ecuador es uno de los principales puntos de Sudamérica para la salida de cocaína hacia Europa, de acuerdo con el último Informe Mundial de las Drogas elaborado por las Naciones Unidas. Esto se da mayormente desde el puerto de Guayaquil. A su vez, conjuntamente con el puerto de Amberes (Bélgica), Países Bajos es actualmente uno de los puntos calientes de ingreso en territorio europeo de la cocaína procedente de Ecuador y de otros países sudamericanos. Lo hace a través de contenedores contaminados con cargamentos que pueden alcanzar varias toneladas.

Según el Gobierno, la minería ilegal está creciendo porque cada vez recibe más dinero del narcotráfico. De ahí que la minería ilegal ha sido declarada como amenaza para la seguridad del Estado, aunque aún no se emite el Decreto Ejecutivo. Cuando salga el decreto, las Fuerzas Armadas podrían intervenir en los frentes de minería ilegal donde hay personas armadas. El narcotráfico incluso está atacando a las concesiones mineras formales. El 26 de enero de 2022, un grupo de personas armadas entró a la fuerza en una concesión minera formal, ubicada en el cantón Santa Isabel, cerca a Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay). Los delincuentes, que se identificaron como miembros de la banda de Los Tiguerones, exigían una suma millonaria para permitir el ingreso de los obreros a la mina. Un trabajador de la empresa dijo que los delincuentes dieron un plazo de 15 días al titular de la concesión para entregar el dinero. Por su parte, el empresario no ha entregado el dinero y puso una denuncia en la Fiscalía. Además, el empresario pidió resguardo policial en la mina, sin embargo, todavía no lo ha recibido, según fuentes consultadas por Primicias.

Respecto a la situación de la actividad ilegal, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), informó que existen campamentos de minería ilegal en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y en la Amazonía de Ecuador. En todos los operativos realizados, los técnicos de la Agencia encontraron un escenario parecido: un túnel en la tierra, que es la bocamina para explotar vetas de oro. Y, alrededor de las bocaminas, hallaron campamentos con galones de diésel, explosivos, herramientas de excavación y enormes máquinas retroexcavadoras. En los campamentos más grandes, incluso hay piscinas con mercurio para procesar el material de las minas, armas de fuego y camionetas. Aunque el material incautado pasó de 130 bultos en 2021 a 2 240 en 2022, la cifra es ínfima frente lo que no logra ser decomisado en los controles.

Según las cifras oficiales, en 2022, la Agencia incautó casi 60 toneladas de material mineralizado de oro; esto es 75 veces más que frente a 2021. Hay seis provincias con más puntos de minería ilegal: Zamora Chinchipe, sobre todo en los cantones Paquisha y Nangaritza. Chimborazo. El Oro, en zonas como el cantón Zaruma. Loja. Napo, en los sectores de Puerto Napo y de Naranjalito, cerca al río Jatunyacu. Estos sitios están frente a la comunidad amazónica Yutzupino, en donde ya hubo una intervención del Gobierno en febrero de 2022. Imbabura, en zonas como la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la concesión minera Imba 2. En total, la agencia realizó 348 operativos contra la minería ilegal en 2022; esto es, siete controles más que en 2021. En total, la agencia realizó 348 operativos contra la minería ilegal en 2022; esto es, siete controles más que en 2021.

Un informe de Inteligencia, al que PlanV tuvo acceso, revela cuáles son las principales zonas de conflicto a raíz de la minería ilegal, así como los principales proyectos mineros concesionados a empresas transnacionales. La investigación policial vincula a conocidas bandas locales de delincuencia organizada con la actividad minera ilegal.

En el país hay cinco grandes proyectos estratégicos y seis proyectos de segunda generación en la Sierra y sur de la Amazonía, según el informe. Los cinco proyectos estratégicos están al sur del país y son Río Blanco, Loma Larga, San Carlos Panantza, Mirador y Fruta del Norte. Los tres primeros están paralizados por protestas anti extractivistas. Los dos últimos, actualmente en marcha, representan el 75% de las exportaciones mineras.

La seguridad del Estado ha detectado puntos críticos de minería ilegal, enfocada en un 92% en la extracción de oro, con la presencia de grupos de crimen organizado en seis provincias: Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay. Por otro lado, la actividad intervino en Imbabura, El Oro y Napo. El informe asegura que grupos de delincuencia organizada obtienen de ahí explosivos para enfrentamientos entre bandas y detonaciones en espacios públicos.

La actividad ilegal se da en los ríos, a cielo abierto y de forma subterránea. Los servicios de inteligencia han localizado al menos 700 puntos de minería ilegal concentrados en 129 focos a escala nacional. De ese total, cerca de 445 puntos están en las zonas fronterizas de seguridad de 20 kilómetros en el sur y norte del Ecuador.

Actualmente, los Lobos y los Tiguerones estarían al mando de la zona norte y los Choneros en el extremo sur. Las bandas se encargan del transporte, seguridad en puntos de abasto y almacenamiento, abastecimiento de explosivos y distribución del material aurífero. El informe sostiene que los grupos delictivos también cobran un 10% del material que se extrae.

La minería ilegal mueve millones de dólares, es una actividad atractiva para el lavado de dinero y las redes de narcotráfico, según dijo Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería de Ecuador al portal. Además, los daños ambientales son enormes, dice el exviceministro de Minas, Henry Troya. Por ejemplo, las piscinas con mercurio contaminan la tierra y las fuentes de agua cercanas, añade Troya. Incluso luego de hacer trabajos de remediación, quedan rastros de este químico altamente tóxico. El envenenamiento con mercurio, que es una neurotoxina, provoca trastornos neurológicos, dificultad para coordinar movimientos y hasta pérdida de la visión.

Los técnicos de la Agencia ponen un sello de clausura en los campamentos ilegales y notifican las sanciones administrativas a los mineros ilegales. Sin embargo, casi siempre, los mineros vuelven al poco tiempo y continúan con la extracción, pues los técnicos de la Agencia no tienen la facultad de detener a los mineros. Para eso está la Policía, que no siempre acompaña a la Agencia en los operativos, explica Ycaza.

En otros casos, los mineros ilegales abandonan los campamentos antes de que lleguen los técnicos de la Agencia. Pero también hay ocasiones en que los técnicos tienen que enfrentarse a personas que están armadas, añade Ycaza.

La minería a gran escala opera en el Ecuador desde hace tres años, y ha traído enormes beneficios tanto al país, como a las zonas de influencia. Es así que, las exportaciones mineras en este tiempo han representado alrededor de USD 6 000 millones, los mismos que han ayudado a mantener la dolarización en el país y han dinamizado la economía. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, en 2022 el sector generó más de 185 000 plazas de trabajo (entre directas e indirectas) y generó una recaudación de USD 643 millones que incluyen impuestos sectoriales (patentes de conservación, regalías y utilidades mineras) y generales (tales como el impuesto a la renta o el IVA, entre todos) entre enero y octubre.

“La minería industrial es un sector estrictamente apegado a normas y estándares nacionales e internacionales. Desarrolla cada una de sus fases conforme a lo que permite la licencia ambiental correspondiente, cuida el agua devolviéndola al ecosistema en iguales o mejores condiciones de las que fue tomada, y no utiliza mercurio. El sector minero espera que, con la decisión del Gobierno Nacional, los grupos sociales que atacan a toda actividad minera -sin diferenciar lo estandarizado de lo ilegal- a que enfoquen sus esfuerzos en combatir al verdadero enemigo: la extracción ilícita de minerales que no respeta al ser humano ni a la naturaleza”, expresó Silva.

ALERTA EN EL PODOCARPUS

En 2022 la minería ilegal de oro se disparó en Ecuador, convirtiéndose en una de sus principales problemáticas ambientales y en un enorme desafío para este 2023. El sur de la Amazonía es una de las zonas más afectadas por esta actividad, pero tampoco se han escapado zonas más turísticas en el norte, sobre todo en la provincia de Napo, explicó en un informe la agencia Mondabay.

Andrés Rojas, Defensor del Pueblo de esta provincia, aseguró que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables no tiene la capacidad de coordinar con otras instituciones con el fin de realizar operativos de control en zonas tomadas por mineros ilegales. “No pueden ingresar [a los frentes mineros], existe violencia alta, coordinar con Fuerzas Armadas y Policía es complicado”

A finales de 2022, líderes indígenas que habitan en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en frontera con Colombia, le dijeron a Mongabay Latam que la minería ilegal muchas veces está ligada a una fuerte violencia por parte de grupos armados y a una debilidad en la seguridad territorial. “No sabemos si los mineros ilegales hacen parte de estos grupos o tienen relación con ellos”, dijo un indígena que habita en la zona y que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.

La minería ilegal sigue siendo un problema que no solo afecta zonas de bosque prístino sino, incluso, áreas protegidas por el Estado. En su más reciente reporte sobre Ecuador, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) —iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA) y la Fundación Ecociencia— reveló que la actividad ilícita se está realizando dentro del Parque Nacional Podocarpus, en el sureste de la Amazonía, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

El parque Podocarpus es cuna de una gran biodiversidad gracias a su ubicación, en zona de transición entre ecosistemas andinos y amazónicos. Sin embargo, su riqueza ambiental se está viendo afectada por la minería ilegal. “Al interior del parque se evidencian actividades de minería ilegal de oro que amenazan dicha diversidad. Los sistemas de explotación de este mineral son a cielo abierto y subterráneo; siendo este último el más utilizado a través de la perforación de túneles”, se lee en el reporte publicado por MAAP.

Las imágenes analizadas para el reporte sorprendieron a los investigadores, ya que se trata de un área protegida en donde no está permitido ningún tipo de minería y mucho menos una que utiliza explosivos como la subterránea. “Para nosotros fue una sorpresa bastante fuerte conocer lo que está sucediendo. Lo que visualizábamos como un impacto de tala o un impacto de remoción de sedimentos se convirtió en un impacto más fuerte por el uso de explosivos”, le comenta a Mongabay Latam Jorge Villa, especialista en sistemas de información geográfica y sensores remotos de la Fundación Ecociencia.

El reporte presentado recientemente sobre la minería en el parque Podocarpus analiza la situación del área durante los años 2021 y 2022, para ello los investigadores utilizaron imágenes satelitales de alta resolución (Planet). En ese periodo se identificaron 22 sitios en donde se detectó actividad minera y 222 campamentos destinados para las personas que extraen el oro. El análisis de las imágenes revela que la minería continúa en aumento en la actualidad y destaca que todos los lugares de extracción de oro son ilegales pues se encuentran dentro de un área natural protegida.

Los investigadores de MAAP analizaron con detalle tres de las zonas más críticas en donde la minería se ha acelerado en los últimos dos años y que suman 25 hectáreas de bosque impactado. Los tres casos de estudio se encuentran en la zona conocida como “Eje Minero Parque Nacional Podocarpus”, localizada aproximadamente a 13 kilómetros al sur del Sector “Romerillos Alto”, en la provincia de Zamora Chinchipe.

“El área superficial total afectada por la tala de madera y evacuación de sedimentos resultado de la minería tipo socavón (perforación de túneles) es de 24,8 hectáreas en los tres casos reportados, entre agosto 2019 y octubre 2022, lo que equivale a 35 canchas de fútbol profesional. Adicionalmente, identificamos un total de 222 campamentos mineros distribuidos en la zona”, indica el reporte.

El primer caso es el del sector conocido como Dos Camas, donde se registraron 4,7 hectáreas afectadas por la tala y el depósito de sedimentos resultado de la actividad minera subterránea. Para agosto de 2019, el impacto era solo de 0,1 hectáreas. A octubre 2022 se incrementó en 4,6 hectáreas adicionales.

El segundo caso de estudio es el frente minero San Luis, en donde 11 hectáreas tienen daños por la tala y los sedimentos causados por la minería de socavón. En agosto de 2019, el área afectada era de 3,7 hectáreas, para octubre de 2022 se registró un incremento de 7,4 hectáreas adicionales, además de un total de 68 campamentos mineros en el sector. Finalmente, está el frente minero La Aida, una de las primeras zonas del parque Podocarpus en ser afectadas por la minería subterránea, en donde se han registrado 9 hectáreas de bosque dañadas entre agosto de 2019 y octubre de 2022. Para agosto de 2019, el área degradada era de 4,3 hectáreas y aumentó 4,7 hectáreas adicionales para octubre de 2022. Además, gracias a las imágenes satelitales se pudieron detectar 86 campamentos mineros en la zona.

¿Por qué se disparó la minería ilegal de oro en los últimos años? Jorge Villa comenta que ese aumento empezó a verse, sobre todo, con el inicio de la pandemia, cuando se hicieron mucho más evidentes las necesidades insatisfechas de las comunidades.

“La minería tanto aluvial como la minería subterránea tienen un impacto bastante fuerte y es uno de los principales drivers que nosotros vemos en temas de reducción de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas. Están causando problemas en la Amazonía ecuatoriana, en especial en el Parque Nacional Podocarpus donde sabemos que existen ecosistemas bastante frágiles, muy conservados y con una biodiversidad muy única en el planeta”, asegura Jorge Villa y agrega que “se está causando un deterioro muy fuerte, aunque esperamos que el parque pueda recuperarse si es que existen acciones para su regeneración”.

Mongabay Latam se contactó con funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para conocer qué acciones está emprendiendo la autoridad ambiental para enfrentar este problema dentro de este parque nacional. Desde la entidad manifestaron que las imágenes satelitales de alta resolución de MAAP y Ecociencia están siendo usadas para gestionar de mejor manera el territorio y que se están planeando acciones con organismos de inteligencia. Sin embargo, dijeron, al tratarse de un delito ambiental “la información es bastante reservada para evitar que se afecten los procesos de investigación”.

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Desde que vio y vivió la minería quiso dedicarse a esto