La minería en Ecuador vive otro momento de tensión

El Gobierno Nacional lanzó la nueva Política Pública Minera, en medio de la incertidumbre por los resultados de la consulta popular en Azuay. El rechazo a la minería en esa región se debate en el campo jurídico. El Gobierno Nacional da su espaldarazo a la actividad.

El 24 de marzo del 2019 quedará marcado como un día en el que el brillo de una industria minera en alza en Ecuador se opacó. En Azuay se realizó una consulta popular en zonas de influencia minera y el pronunciamiento mayoritario fue “NO a la minería”. La decisión estuvo en manos de 8.564 personas, lo que representa el 59,83 por ciento de la población empadronada en las tres parroquias de Girón: centro, Asunción y San Gerardo. La pregunta que debían responder, durante las elecciones seccionales que se realizaron a la par en todo el país señalaba: ¿Está de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? Tras el conteo de votos, el 86,8% de los habitantes se pronunció en contra de la actividad.

La incertidumbre se asentó inmediatamente sobre el presente y futuro de la minería en el Ecuador, sobre todo, porque en dicha zona se encuentra uno de los cinco principales proyectos mineros a gran escala al que le apuesta el Gobierno Nacional. Dos meses después, sin embargo, el presidente de la Repúbica, Lenín Moreno, durante su informe a la nación reiteró la importancia de la industria minera en el desarrollo del país.

“Seguiremos tomando decisiones responsables sobre la minería en Ecuador. En mi periodo, se revirtieron más de 200 concesiones en las que se identificaron irregularidades. En agosto entregaremos el mapa minero que permitirá diferenciar, con exactitud, las zonas en las que se puede desarrollar la minería, y aquellas en las que no la permitiremos. Repito e insisto ¡es nuestro deber, cuidar las fuentes de agua! Y quiero hacer un llamado especial, a propósito de este tema: como Estado, tenemos compromisos adquiridos para desarrollo minero. Y hay voces que sugieren revisarlos y renunciar a ellos. Es indispensable discutir cómo asumiremos, las obligaciones, que se deriven de posibles incumplimientos de esos compromisos. Hago un respetuoso pedido a la Corte Constitucional: Si autoriza cualquier mecanismo, que implique un incumplimiento que -tarde o temprano- nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir, de dónde saldrán esos recursos, y cuáles serán las fuentes de financiamiento, que remplazarían los ingresos a los que debamos renunciar. Esa sería una decisión responsable, que considere todos los aspectos”, dijo.

Del lado que se opone a la minería, el portal La Línea de Fuego explica las razones por las que los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Quimsacocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 años, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de páramo, produciendo 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, equivalentes a 4.800 piscinas olímpicas, con liberación de sulfatos y arsénico. “Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realización del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitución junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que señalan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y áreas de protección. Estas disposiciones se ratificaron por una mayoría ecuatoriana, mediante Referéndum y Consulta Popular de 2018, que en su pregunta quinta señaló: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”.

Para Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería, “no es posible que 7.000 personas –las que dijeron “NO”- puedan manifestarse sobre un tema que nos corresponde a los 16 millones de ecuatorianos. La minería es un bien de interés nacional y por lo tanto restrictivo del Gobierno Central, no es posible que autoridades locales se pronuncien sobre el avance o no de la minería. Ahora con la alta tecnología es posible sobrellevar actividades mineras y el cuidado de la naturaleza al mismo tiempo. El pronunciamiento de la Corte Constitucional debe ser totalmente claro, nosotros no estamos aquí para demandar al Estado sino para invertir, generar riqueza, desarrollo e incluso cuidado ambiental. El fondo de la Consulta fue inconstitucional. No desconocemos los resultados, simplemente que debe respetarse la Constitución”.

Añade que son muchas las ventajas que proyecta la gran minería hasta el 2021 para el país. “Aproximadamente USD 3.800 millones en inversión, USD 3.200 millones en exportaciones, USD 1.300 millones en impuestos y la generación de más de 32.000 puestos de empleo directos y 90.000 empleos indirectos”.

El sector empresarial cierra filas

Tras conocerse los resultados de la consulta, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, reaccionó con preocupación. “Esperemos que esta decisión no evite que llegue la inversión por parte de la empresa privada. Fue un golpe a la minería en el Ecuador. Las empresas están preocupadas. Esta decisión de la comunidad reflejada en las urnas podría resultar en demandas en contra del Estado ecuatoriano, porque se firmaron contratos con la empresa”.

En ese sentido, el pasado 31 de mayo del 2019, mediante una rueda de prensa, las autoridades del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Cámara de Minería del Ecuador (CME) y Cámara de Industrias y Producción (CIP), solicitaron a la Corte Constitucional un pronunciamiento respecto a los pedidos de consulta popular que pretenden limitar el desarrollo de sectores de interés nacional.

“La inversión extranjera es necesaria para que el país se reactive económicamente y las garantías jurídicas resultan indispensables si se desea atraer nuevos capitales”, aseguró Patricio Alarcón, presidente del CEE. Agregó que, en este periodo en el que el empleo se ha vuelto precario, sectores como el minero pretenden aportar significativamente.

Como presidente de la Federación de las Cámaras de Industrias del país y de la CIP, Pablo Zambrano, hizo un llamado para precautelar la seguridad jurídica de los sectores productivos que son los que generan empleo formal, pagan impuestos y cumplen a cabalidad la legislación ecuatoriana. “Dar paso a consultas populares con base en intereses particulares atenta contra los derechos de todos los ecuatorianos, en este contexto los jueces constitucionales deben pronunciarse acatando su razón de ser como procuradores de la Constitución de la República del Ecuador”.

¿Un efecto dominó?

Lo de Quimsacocha, para los actores de la industria minera, lamentablemente es una alerta porque no es un tema aislado. En Imbabura y Carchi, donde se ha planteado recientemente una solicitud de consulta popular, SolGold, Newcrest, INV Minerals, Cornestone, Codelco, BHP Billinton realizan actividades de exploración. Todas estas empresas tienen capitales internacionales y trabajan bajo los más altos estándares de minería de clase mundial, acorde con las mejores prácticas ambientales y sociales.

En el caso del proyecto Cascabel de SolGold, es considerado como el depósito más grande de cobre y oro en Ecuador. La compañía trabaja desde el 2012 en el desarrollo de este yacimiento, y, durante este tiempo, ha invertido USD  150 millones en proyectos de exploración minera en Ecuador. Su operación se caracteriza por ser responsable y sustentable, alineada al cumplimiento de la normativa vigente.

En Esmeraldas, en cambio, según recoge Diario El Universo, varias comunidades pidieron a las autoridades de la provincia el cumplimiento de las medidas cautelares del Juzgado Multicompente de San Lorenzo. Aldo Pusterla, párroco de Borbón, recordó que las medidas cautelares fueron dadas en el 2011 y ampliadas en el 2018. Por eso, Robinson Torres, párroco de Santa María de los Cayapas, planteó la convocatoria a una consulta sobre la actividad minera en dos cantones del norte de Esmeraldas.

Las consultas populares no son exclusivas de Ecuador. El efecto también se ve en otros países de la región, como en Colombia, por ejemplo. Según el Diario La República, una consulta popular fue la que dio punto final a la minería en Cajamarca. Promesas de un impulso en el sector agrícola y un desarrollo generado del mismo fueron las que impulsaron a una votación. No obstante, por medio de una carta oficial, el colectivo por el progreso de Cajamarca dio a conocer su inconformidad con puntos que aún no se cumplen. Como se informa en el documento, el colectivo manifiesta que “los sectores económicos del municipio han hecho lo posible por colaborar con la reducción del desempleo, sin embargo, la actividad comercial es cada vez menor; es más, muchos se han visto obligados a reducir el empleo formal de los negocios”.

Igualmente manifestaron la inexistencia de un proyecto bandera que permita que el municipio tenga un desarrollo, aunque aclaran que la exportación del aguacate Hass ha sido un impulso, pero que inició antes de la consulta. Teniendo en cuenta estos puntos como unos de los que tienen mayor impacto, el colectivo concluyó “queremos entonces preguntar dónde quedaron todas las promesas que nos hicieron para que votáramos en la consulta popular, para que sacáramos la minería y para que fuéramos el municipio agrícola más importante y desarrollado de Colombia. Queremos trabajo y empresas que nos ayuden a dinamizar el desarrollo de nuestro municipio”.

La oportunidad que se escapa tras Girón
Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, Cámara de Minería
Tomado de El Comercio

El referendo en Girón ha causado efecto nacional, su resultado afecta las proyecciones de inversión extranjera que Ecuador aspiraba, además de los índices de empleo en la provincia, entre otros. Pero más allá de eso, existe una serie de factores que no se han debatido, y que es menester considerarlo. Tenemos así que, en Colombia, donde hace apenas un par de años proliferaba este tipo de actos electorales, se sintieron dos efectos importantes, que “tras darse con la piedra en los dientes” fueron enmendados.

Por un lado, la Corte Constitucional debió zanjar la disputa indicando que los temas nacionales deben tratarse como tales y por intermedio de las instituciones que tienen potestad para el efecto (Poder Ejecutivo), y, además, las comunidades que en un primer momento dijeron “no” descubrieron que no existía una alternativa económica y socialmente equiparable al impacto positivo de la minería. Empiezan a proliferar las denuncias de migración, local e internacional, así como la baja en calidad de vida, encarecimiento de los costos en la construcción, y la pérdida de importancia en las obras de infraestructura y desarrollo de las comunidades, las cuales ahora, buscan maneras de recolectar firmas y tratar de recular su postura anti minera.

La minería es un componente esencial en los planes de preservación del medio ambiente que la humanidad tiene, en un mundo que camina a despedirse de los combustibles fósiles. Su alternativa más clara es la electrificación, particularmente de la movilidad, siendo los minerales metálicos irremplazables por sus propiedades de conducción de calor, el núcleo mismo de este cambio en pro del planeta. Mientras esto sucede, los operadores mineros asumen cada vez con más seriedad sus obligaciones para con el medio ambiente, siendo noticia destacada la inserción de sistemas de control satelital de las piscinas de colas, a fin de prevenir la repetición de más incidentes por este origen. Estos factores no ventilados en el referendo son parte de aquello que el Ecuador puede perder, si este tipo de actos políticos continúa.

‘De nada sirve ganar la batalla jurídica, si las empresas no pueden convivir con la comunidad en los territorios’

Hernán Rodríguez, miembro del Consejo Directivo y del Comité fundador de la Asociación Colombiana de Minería y abogado de la firma Detons Cárdenas & Cárdenas, participó en un foro organizado por la Cámara de Minería del Ecuador. El especialista compartió la experiencia colombiana en torno a las consultas populares antimineras.

De su experiencia, ¿qué impacto puede tener una decisión negativa, vía consulta popular, sobre la actividad minera de un país?

Nuestra experiencia en Colombia es que, a pesar de que en su momento había dudas si la consulta era vinculante o no desde el punto de vista jurídico, en lo social sí tuvo mucho impacto y fue aprovechado políticamente por los enemigos de la minería, quienes expandieron su campaña por todo el territorio nacional al punto que, pocos meses después, ya había iniciativas de consulta popular para prohibir la minería y la explotación de hidrocarburos en más de 100 municipios. Adicionalmente, la falta de claridad sobre los efectos jurídicos de la consulta popular, generó una sensación de inseguridad jurídica que por supuesto influyó negativamente en los índices de inversión en minería en el país.

¿Cuán debilitada puede quedar la industria minera de un país cuando suceden este tipo de situaciones? ¿Cómo trabajar en el nerviosismo de los inversionistas?

La industria minera sí puede quedar muy debilitada, pero considero que en Ecuador están a tiempo para no cometer los mismos errores que se cometieron en Colombia. Esto no puede ser una discusión de competencias acercad de que si las decisiones sobre el subsuelo las debe tomar el Gobierno Central o las entidades territoriales. En mi opinión, y aclarando que no soy abogado ecuatoriano, la Constitución parece ser clara en que la propiedad del subsuelo es del Gobierno Central. Sin embargo, esas decisiones debieran ser coordinadas con las entidades territoriales y las comunidades en los territorios donde están los proyectos. Una decisión de este tipo. Vía iniciativa de la industria minera con el apoyo del Gobierno Central, dejaría sin argumentos a los enemigos de la industria. Otra cosa que debería suceder muy pronto en Ecuador es la decisión de una alta corte -entiendo que sería la Corte Constitucional-, que deje muy claro que las consultas populares no son vinculantes si tienen por objeto prohibir actividades de interés general como la minería y la explotación de hidrocarburos.

Además de bloquear una actividad, ¿qué otros efectos acarrean una consulta popular negativa?

Lo más grave es el efecto dominó y que la comunidad piense que tiene toda la capacidad y posibilidad de vetar proyectos mineros, petroleros o de infraestructura en el país. También, por supuesto, está el mensaje negativo de inseguridad jurídica a los inversionistas, cuando Ecuador hoy en día es uno de los destinos de inversión más atractivos en la región. Una respuesta contundente del Gobierno Central de apoyo al sector minero es fundamental en este momento para mitigar ese impacto.

¿Es posible revertir una situación adversa, donde la población se pronunció en contra de la actividad?

En mi opinión, Ecuador está a tiempo para revertir esta situación si no polariza la discusión entre si el competente para decidir sobre el subsuelo es la nación o las comunidades en el territorio. Considero que jurídicamente debe haber claridad en que la competencia es del Gobierno Central y que en consecuencia este tipo de mecanismos de participación no son válidos para prohibir las actividades extractivas, pero al mismo tiempo se deberían generar mecanismos de participación donde, para tomar estas decisiones, se tendrán en cuenta las preocupaciones de la comunidad, valorando especialmente las que tengan cercanía al proyecto respectivo.

En Colombia, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso de la República y a las diferentes entidades del Estado que generaran esos espacios de participación y que regularan los mecanismos de coordinación y concurrencia para que pudieran confluir las competencias de la nación con las competencias de las entidades territoriales. Es decir, nos impusieron la decisión. En ecuador la industria extractiva y el Gobierno Nacional tienen la gran oportunidad de tomar la iniciativa y fijar las reglas del juego, además porque la Constitución los ampara para ello.

 ¿Qué podría aprender Ecuador de la experiencia en Colombia?

Tal vez la mayor enseñanza es que el sector entienda que este no es solo un problema jurídico, sino uno social. Y que cualquier decisión que se tome o estrategia que se adelante debe tener en cuenta estos dos aspectos. De nada sirve ganar la batalla jurídica, si las empresas no pueden convivir con la comunidad en los territorios.

La política minera se renueva, con el horizonte en el 2030

A pesar de las semanas de incertidumbre que se viven en la industria minera ecuatoriana, tras los resultados de la consulta popular en Azuay, el Gobierno Nacional puso en marcha la nueva Política Pública Minera del Estado. El lanzamiento tuvo su mensaje simbólico, al hacérselo en Zamora Chinchipe, una de las regiones que más actividad minera tiene en el país. Esta Política se articula sobre seis ejes, siete objetivos estratégicos y siete políticas públicas. El objetivo: afianzar la inversión, incrementar la producción del sector en un marco de sostenibilidad ambiental y social y mejorar la capacidad de administración, regulación, auditoría y control de las actividades mineras, a nivel nacional.

Este documento establece el marco para la planificación sectorial minera en el periodo 2019–2030 y define la decisión gubernamental que permitirá consolidar a este sector como un eje fundamental de la economía del país, con un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del 4% al 2021. En ese año, con el normal avance de los proyectos en ejecución, la industria minera constituirá el segundo rubro de exportación no petrolera. “En la nueva Política se incorporan dos ejes fundamentales para el desarrollo responsable de la minería en el país: Sostenibilidad Social y Ambiental y Regulación, Control y Combate a la minería ilegal que nos permitirán fortalecer la estructura de administración y control desde el Estado a las actividades mineras en todos sus regímenes, precautelando el aprovechamiento responsable de nuestros recursos, generando empleo y nuevas oportunidades”, destacó, el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez.

La actualización de la nueva Política inició en abril de 2018 y constituye una muestra del trabajo articulado de varias entidades del Estado durante más de nueve meses. El documento final fue emitido por el Ministro Carlos Pérez, mediante Acuerdo Ministerial 028 de 22 de mayo de 2019. Aquí se establece, además, que en un plazo de 180 días se actualizará el Plan Nacional de Desarrollo Minero, vigente desde 2016.

La propuesta, además, fue enriquecida con el aporte de la cooperación internacional, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de agregar las mejores prácticas internacionales en la planificación del sector minero.