Recuperación de Buenos Aires: segunda etapa

El desastre ambiental, económico y humano estaba a la vista. La madrugada del 2 de julio del 2019, 2.400 efectivos policiales y militares ingresaron a la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Allí, entre 6.000 y 10.000 personas formaban parte de una zona que giraba desde hace varios años en torno a la minería ilegal. El escenario: devastador.

El operativo “Amanecer Radiante” en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), para combatir y erradicar los delitos de minería ilegal en la zona, recuperar y mantener el control territorial del área, garantizando la seguridad de la población, fue parte de la primera fase del Plan de Intervención Integral, preparado en el marco de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal.

Según el Ministerio del Interior, esta acción, no solo permitió consolidar el control territorial de la zona, por medio de la toma de puntos estratégicos y el retiro de las personas y grupos vinculados con la actividad minera ilegal, sino que también neutralizó el principal eslabón de la cadena de valor de esta economía criminal al inhabilitar todas las actividades semi-industriales y operaciones de transformación, beneficio y aprovechamiento de los minerales.

Una vez retomado el control del territorio y neutralizadas las actividades al margen de la ley, se dio inicio a la segunda fase, enfocada en la recuperación socio-ambiental del sector, la cual mantiene el componente de seguridad (para identificar y desarticular a las organizaciones criminales detrás de esta economía delictiva, previendo de esta manera el desplazamiento del delito hacia otros puntos del país); y por el otro, un componente de complementariedad y sostenibilidad basado en acciones interinstitucionales alrededor de cuatro ejes:

Gestión de impactos por la actividad minera ilegal

• Levantamiento topográfico y fotogramétrico en la zona afectada (labores mineras, ubicación de las bocaminas, túneles, chimeneas).
• Definición del proceso de restitución del área concesionada (Plan de acción).

Gestión de riesgos naturales y antrópicos

• Análisis y zonificación del riesgo de desastres.
• Levantamiento de información de vulnerabilidad.

Gestión y sostenibilidad ambiental y de los recursos hídricos

• Manejo de materiales y desechos peligrosos (químicos).
• Cuantificación de las afectaciones producto de la minería ilegal en los sistemas naturales (activos y pasivos).

Recuperación social y fomento productivo

• Identificación de líneas de apoyo e incentivo actividades productivas como la agricultura y la ganadería.
• Atención a la población afectada por las actividades ilícitas contra los recursos mineros desde los ámbitos de salud, educación y acceso a servicios públicos, en coordinación con los gobiernos seccionales.

“La minería ilegal representa un significativo desincentivo para la cultura de legalidad. En Buenos Aires, la extracción ilícita de yacimientos mineros estuvo acompañada de una serie de actividades informales e ilegales conexas como son: construcción de infraestructuras mixtas sin permiso, actividades de hospedaje, alimentación, venta de herramientas, lugares de ocio (cantinas, bares, billares, bingos), así como situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Todas estas actividades humanas y económicas se producían en un entorno donde se agravaban los riesgos naturales y antrópicos”, puntualizó Interior.