Sentencia Constitucional vulnera los derechos de tres comunidades en Imbabura

Las comunidades de la zona de influencia del proyecto Río Magdalena, y el GAD parroquial de García Moreno, en la provincia de Imbabura, exhortamos a la Corte Constitucional el respeto a nuestros derechos. Nos sentimos preocupados por la sentencia que pretende prohibir las actividades mineras en nuestro territorio. Parar el avance de la minería legal, negaría a nuestras familias una oportunidad de progreso.

Amamos la tierra en la que crecimos y donde nacieron nuestros hijos, por eso, somos veedores y principales interesados de una buena gestión ambiental y el uso adecuado del agua. Aceptamos a la minería legal que nos apoya, que representa mejoras para nuestro territorio, al contrario, a la minería ilegal que tanto daño hace, como es el caso de Buenos Aires en nuestra provincia, nosotros no permitiremos que una historia así, se repita.

Nosotros conocemos la realidad y creemos en lo que hemos visto hasta el momento, en el empleo, en el desarrollo local, en las mejoras económicas, y sociales que tenemos. No creemos en los engaños de personas disfrazadas de ambientalistas que no viven en nuestra zona, y lo único que hacen es decir mentiras para destruir la paz comunitaria y satisfacer sus intereses personales.

Por muchos años hemos sido olvidados por el Estado, y hoy se nos quiere privar de la única oportunidad de progreso que ha llegado a nuestra zona. Es fácil decir que no se quiere minería desde las redes sociales a miles de kilómetros de distancia o mediante una carta dirigida a los señores jueces. Difícil es quedarse sin empleo en estos tiempos; difícil es caminar diariamente entre montañas por falta de vías; difícil sería dejar de soñar que nuestras generaciones vayan a la universidad y volver a ser olvidados.

Somos cientos de familias que perderíamos nuestro derecho al trabajo y a una vida digna, así como los beneficios de la inversión social que las empresas hacen en nuestra zona a través de acuerdos de cooperación.

Consideramos que la decisión de la Corte Constitucional no fue justa ni equitativa y que tampoco tomó en cuenta las opiniones de las comunidades. En ese sentido, hacemos un llamado a que los señores jueces visiten nuestras comunidades y comprueben que no ha existido vulneración a la naturaleza de ningún tipo, como quieren hacerles creer los ambientalistas. Las empresas han venido trabajando con nosotros desde hace más de 4 años, y los antimineros jamás han hecho nada más que aprovecharse de los pobladores.