Los tentáculos de la actividad minera ilegal que desangran a Ecuador

Como parte de un alianza periodística, integrada por Vistazo, Código Vidrio y OjoPúblico, de Perú, se accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia nacional y expedientes judiciales, que ayudan a conocer, por primera vez, la magnitud de la influencia y operaciones ilícitas de una de las bandas criminales más violentas del país.

Los grupos criminales que inicialmente crecieron por sus servicios para los carteles del narcotráfico en Ecuador han diversificado rápidamente su portafolio de actividades criminales. Los Lobos, la banda de mayor expansión los últimos años, ha extendido sus operaciones a la explotación de oro ilegal por su facilidad para el lavado de activos.

Esta organización criminal explota directamente 20 minas de oro, extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controla a 40 grupos de mineros ilegales. Estas actividades criminales les dejan a Los Lobos ganancias estimadas en USD 3,6 millones por mes. Reportes oficiales sugieren que El Tren de Aragua también operaría como aliado de esa megabanda en estas zonas en actividades logísticas.

El crimen organizado, impulsado por la violencia del narcotráfico, diversifica su portafolio de actividades ilegales en Ecuador. La banda Los Lobos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal en una de las zonas mineras más importantes del país: el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, al sur.

Esta alianza periodística transnacional accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia ecuatoriano, que ayudan a entender la magnitud de su influencia y operaciones. En Camilo Ponce Enríquez, la maquinaria criminal genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los tres últimos años.

El 70 % de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.

Como sucede en otras zonas, según los documentos a los que se tuvo acceso, la estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad.

De acuerdo con los mismos documentos, las investigaciones actualmente apuntan a uno de los líderes de la estructura delictiva, un político que ha sido asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario, cuya identidad aún no se puede difundir porque las investigaciones están en marcha, registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La vía del terror del oro ilegal

La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”. En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados. Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población.

En agosto de 2023, en un hecho que no se conoció públicamente, pero que consta en los documentos de inteligencia a los que se accedió para esta investigación, las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en la zona minera de Camilo Ponce Enríquez.

En el operativo se hallaron, además de un arsenal, libretas con anotaciones reveladoras. Según los registros, solo de esta zona se extraen ilegalmente entre “16 y 20 kilos de oro al mes”, un volumen que no es reportado ante autoridad alguna. El “valor promedio por cada kilo bordea los USD 58.000”. El material extraído era llevado hacia una planta procesadora (molino) en la zona de Portovelo, un enclave minero tradicional del país. Eso representa USD 1,6 millones al mes en ingresos para ese grupo criminal. En la intervención realizada también se encontraron registros del cobro de vacunas en distintas zonas. Los montos variaban según la producción mensual de oro, que oscilaba entre 5 y 50 kilos, dependiendo de la mina.

Una millonaria maquinaria criminal

Los Lobos no solo operan y extraen oro, también extorsionan a las concesiones mineras legales. Además, cobran entre USD 300 y 900 a cada minero ilegal que quiera entrar a trabajar, a manera de “acción”. A estos operadores se les denomina “sableros”, y se los considera leales a la organización.

Las estructuras armadas alrededor de las zonas mineras controladas por Los Lobos tienen un brazo bélico (con armas de largo y corto alcance); un brazo operativo (con mineros ilegales) y un brazo de seguridad, que a su vez comprende tres anillos, detalla uno de los documentos. Tienen conexiones con políticos y funcionarios judiciales, que están en su nómina de cooperantes. Estos actores boicotean los operativos.