‘USD 6.700 millones en ingresos para el Estado significará el proyecto Cascabel’

El 5 de junio del 2024, la minera SolGold firmó con el Estado ecuatoriano el contrato de explotación del proyecto de cobre y oro Cascabel, en Imbabura. Esto significará una inversión de USD 4.200 millones para los 28 años de vida útil de la mina. USD 1.500 millones, en la construcción de la mina que durará cuatro años y que arrancará -si todo avanza sin contratiempos- dentro de dos años. El vicepresidente en Ecuador de la candiense SolGold, Luis Mario Sánchez, da más detalles del horizonte próximo.

Una vez firmado el contrato, ¿qué empieza ahora para la empresa?

Necesitamos una licencia ambiental para la fase de explotación. Para eso, tenemos que presentar al Ministerio del Ambiente los estudios respectivos de impacto, que esperamos hacerlo a finales de este año. De ahí, el Ministerio demorará alrededor de un año y medio en la aprobación. Y ahí sí a empezar a construir la mina.

En el 2028 arrancarían los trabajos. El sueño parece tan cercano y lejano a la vez…

Ha pasado mucho tiempo para llegar a esta instancia. Esta concesión en un principio era de la canadiense Cornestone, que hoy forma parte del grupo. Empezamos exploraciones en el 2012. En el 2014 se dieron las primeras grandes intersecciones en las perforaciones, descubriéndose el gran potencial de cobre y, en menor medida, de oro y plata. La exploración, entre inicial y avanzada, tomó unos ocho años. Y luego, identificado el recurso se hicieron los estudios de prefactibilidad económica. Los iniciamos en el 2019. El primer estudio de prefactibilidad se dio en abril del 2022, donde ya se evidenció una viabilidad económica. A inicios del 2023 se iniciaron las negociaciones con el Gobierno, para establecer las condiciones para la suscripción del contrato de explotación. No fue algo que se firmó de la noche a la mañana.

En todo este tiempo, ¿cuánto han invertido?

Desde el inicio de la exploración hasta la fecha se han invertido alrededor de USD 300 millones. Un trabajo de años, que ha involucrado mucha inversión, mucho riesgo, porque por lo general en los proyectos mineros se inician y la mayor parte de las veces no son viables ni económica ni social ni ambientalmente.

De estos USD 300 millones, ¿algo ha ido para el Estado?

De esa inversión, la compañía no recibe retrno. El Estado obtiene recursos a través de patentes anuales por la conservación de la concesión; por la vía de los tributos, principalmente Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, al no tener todavía operaciones, no podemos acceder a la devolución; las obligaciones locales, etc.

¿Y en términos de empleo?

La exploración fue una etapa muy extensiva en demanda laboral comunitaria, mano de obra no especializada, necesaria para ayudar a llevar taladros, herramientas, ese tipo de materiales. En el punto máximo llegamos a tener cerca de 700 empleados. Cuando se acabó la exploración, se racionalizaron los recursos. Sabemos que nuevamente habrá un pico cuando iniciemos la construcción de la mina, ahí se estima una demanda de 1.700 puestos de trabajo, principalmente técnicos, ya no tan manuales. Esto requiere que vayamos preparando a la comunidad para que sean proveeedores de servicios técnicos, es un desafío. Por último, cuando se incien las operaciones, la plantilla se estabilizará en el orden de los 1.200 empleados.

En los cuatro años de construcción de la mina, ¿no saldrá una sola libra de cobre?

Nada, no se exportará nada. En ese tiempo se hará la construcción de la mina subterránea, las instalaciones de la superficie, la planta de procesamiento, la relavera, las vías de transporte. Todos los detalles que se necesitan completar en ese tiempo.

Y la operación, ¿cómo está planteada?

Luego de los primeros seis años se hará una ampliación de la planta de procesamiento. Eso, más inversiones de capital en sostenibilidad, arrojan un cálculo proyectado de USD 2.700 millones más en la vida útil de la mina. Cabe mencionar que Cascabel, está proyectada como una de las 20 minas más destacadas de la región. Se proyecta que el proyecto minero aportará al Ecuador con cerca de USD 6.700 millones en ingresos para el Estado, a través de impuestos sectoriales y generales. Este impacto financiero significativo reforzará la economía nacional y proporcionará fondos vitales para proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Llegaron a la firma del contrato de explotación casi sobre la hora. Al siguiente día se terminaba el plazo para hacerlo. ¿Por qué esa situación límite?

Sí, de acuerdo a la Ley el plazo que teníamos era de seis meses para suscribir el contrato. El problema fue que la Agencia de Regulación nos aprobó el cambio de fase en pleno cambio de Gobierno. En enero del 2024 no había Ministro de Energía y se volvió a cambiar en mayo. Mientras, avanzábamos, pero todos estos cambios nos ajustaron. No obstante, estamos agradecidos con el equipo del actual Ministerio, ya que a inicios de mayo tomaron como prioridad este proyecto, sabiendo que había un plazo que cumplir. Sí, fue un poco apretado, pero debido a las circunstancias.

¿Cómo ven el panorama para el otorgamiento de la licencia ambiental?

Somos muy optimistas. Entendemos la complejidad, sin embargo, de acuerdo a la Corte Constitucional, el actual reglamento que existe para la consulta ambiental es válido, mientras la Asamblea Nacional no apruebe la Ley que regule este tipo de consultas ambientales. En el año pasado y a principios de este, mientras la Corte no se pronunciaba sí hubo una imposibilidad de avanzar, un período largo en el que no había cómo gesionar la licencia. Pero ahora creo que, por la vía este reglamento, sacaremos esa obligación en los tiempos que se requieren.

Han pasado más de 10 años desde la exploración, ¿por qué no pudieron tener listo el estudio ambiental en este tiempo?

En minería, cada etapa requiere un estudio ambiental. Para la exploración lo hicimos, para analizar los impactos, que son reducidos, son perforaciones de cierto ancho, a las que luego se hacen rehabilitaciones. No hay mayor impacto en superficie. Ahora, es otro tipo de estudio ambiental porque los impactos son diferentes. Como vemos, son trabajos e inversiones de muy largo plazo y con alto riesgo. A Mirador le llevó como 20 o 25 años empezar a producir; a Fruta del Norte 10 a 15 años.

¿En qué situación está la relación con las comunidades? El proyecto está en una zona que si bien la oposición antiminera no es tan fuerte y violenta como en el sur del país, sí está afectada por las actividades de extracción ilegal.

Cascabel es un proyecto privilegiado. Ha venido trabajando muy bien con las comunidades. En Lita y Carolina se ha trabajado mucho en estos 10 años, se han invertido aproximadamente USD 45 millones, entre salarios, apoyo para proyectos de carácter social, de produccion (café, miel, ganado, agroforestal). Además, toda la actividad alrededor de lo que son proveedores de vehiculos, de comida para la alimentación. En cuanto a la actividad ilegal, no tenemos presencia dentro de la concesión, porque al ser una mina subterránea y de cobre, alejada de la superficie, no es atractiva para la ilgalidad, que usa mecanismos de extracción ilícitos de minerales, con métodos muy nocivos para la naturaleza y que forza la participación de los dueños de las tierras. Hemos estado cuidadosos de que no se contamine con eso. Así que creeemos que tenemos mitigado ese riesgo.