Consulta Imposible

Cesar ZUMARRAGA[1]

Los derechos no se consultan, se respetan.

Un principio jurídico tan básico y claro no debería ser objeto de discusión ni de confusión, pero lamentablemente no es así.  Un supuesto representante de comunidades localizadas en los cantones Jijón y Caamaño, Carolina, Lita y Goatal, que se encuentran entre Imbabura y Carchi, apoyado por treinta y dos personas que firman junto a él, ha solicitado a la Corte Constitucional la calificación de una pregunta que dice: ¿está o no de acuerdo con la explotación minera en los mencionados cantones?

Esta iniciativa despierta importantes incógnitas acerca de cuáles son los intereses que están detrás de toda esta estrategia, no solo por los antecedentes del peticionario, vinculado con actividades mineras ilegales, sino porque la petición excluye, curiosamente, a la parroquia de Buenos Aires, muy conocida por las actividades de minería ilegal y otras delictivas actividades de poderosos grupos vinculados al crimen organizado.

Acá no hay interés alguno ni preocupación por el medioambiente o por el agua, pues si así fuese, hace mucho tiempo se hubiesen promovido consultas populares en recintos mineros que están tomados por grupos ilegales que realizan su explotación con total desprecio por la naturaleza y por los derechos humanos de las comunidades aledañas.  Acá, claramente, hay un ataque frontal contra la industria minera legal.  Es decir, en contra de aquellas empresas que luego de obtener títulos de concesión del Estado han realizado sus actividades cumpliendo todas las regulaciones establecidas y obteniendo los permisos y licencias necesarias, incluyendo las de tipo ambiental.

La pretendida consulta popular es un fraude constitucional.  La actividad minera fue incorporada en la Constitución promulgada en 2008 en Montecristi y ahora se pretende enmendarla por esta vía y, además, generar un régimen de excepción en jurisdicciones locales.

En realidad la iniciativa de consulta popular no pone en peligro solamente a la minería, sino que pone en peligro a cualquier emprendimiento que no goce del apoyo popular.  El día de mañana, usando y abusando del genuino sentimiento de protección al medioambiente, grupos con sus propias agendas e inconfesables intereses, podrían promover consultas populares para vetar otras industrias en marcha, de cualquier tipo.

Porque el dictamen de las mayorías tiene su límite precisamente en el mismo marco constitucional que rige en cualquier democracia y no se puede afectar los derechos consagrados en la misma Constitución a través de consultas populares.  Imagínese el lector que el día de mañana en un cantón o parroquia cuya mayoría es católica, se promoviese una consulta popular para impedir el ejercicio de cualquier otra religión de grupos de minoría de dichas jurisdicciones. Ese ejemplo puede ser replicado y aplicable a todas las minorías.

La Corte Constitucional tiene un desafío enorme en pos de la seguridad jurídica. Entiendo perfectamente que cada magistrado tendrá su propio criterio acerca de la industria minera y su convicción es respetable.  Pero como dije antes, acá lo que está en discusión es un problema constitucional ya resuelto y que tiene que ver directamente con los límites de la decisión de la mayoría: el respeto de los derechos humanos incluso -o sobre todo- cuando son minorías.

En la audiencia que se llevó a cabo hace pocos días dentro de este proceso constitucional fuimos testigos de un largo desfile de personas que a través de sus amicus curiae expusieron con emocionante sinceridad su temor de ver afectado el futuro suyo y de sus familias. Derecho al trabajo, a la educación, a una vida digna, a la libertad económica y a vivir en una sociedad con seguridad jurídica. Miembros de la comunidad, obreros, trabajadores, no solo de empresas mineras sino de toda la cadena de proveedores que les asisten; estudiantes de ciencias de la tierra, gremios de geólogos, universidades con carreras técnicas relacionada con la industria, emprendedores ecuatorianos que han encontrado en esta industria un futuro prometedor. Todos ellos con un mismo mensaje: no consulten nuestros derechos, respétenlos.

[1] Cesar ZUMARRAGA es socio de TZVS y líder de la Unidad de Recursos Naturales, Energía e Infraestructura (REI). Tiene una amplia experiencia en transacciones nacionales e internacionales en las áreas de su especialización. Es miembro de la International Bar Association (IBA), Rocky Mountain Mineral Law Foundation RMMLF y PDAC (Prospector and Developers Association of Canada).  Debido a su práctica, ha sido permanentemente mencionado por publicaciones como Chambers Latin America, The Latin Lawyer y Who´s Who Legal in Mining.  czumarraga@tzvs.ec @cesarzumarraga