Ecuador es partidario de una moratoria para la exploración comercial del fondo marino

Avanza la primera operación de minería submarina del planeta. Los próximos meses serán cruciales para saber hasta qué punto se cumplen las aspiraciones del sector minero y hasta dónde van a llegar las presiones de los países que se oponen a explotar las profundidades del océano.

En las próximas semanas, un robot submarino operado por control remoto recorrerá una pequeña fracción de las llanuras abisales del Pacífico. Su objetivo no será buscar restos de un naufragio de otro tiempo ni tesoros perdidos por piratas. Su misión es valorar los daños ambientales producidos por las últimas pruebas de minería submarina que The Metals Company, con el patrocinio del Estado insular de Nauru, llevó a cabo hace un año en la zona Clarion Clipperton, un lugar a medio camino entre Hawái y México en el que residen buena parte de las esperanzas de la industria minera para el futuro.

El robot es propiedad de The Metals Company. Y el informe que se elabore con los datos que recabe también estará controlado por esta startup canadiense, que se ha puesto a la cabeza de la carrera global por explotar los metales de los fondos marinos. Dicho informe de impacto ambiental será una pieza clave de la formal que The Metals Company planea entregar en julio de 2024 a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para iniciar la minería submarina a escala comercial. Si consigue luz verde, eso sí, lo hará con la mayoría de especialistas científicos y un número creciente de países en contra.

La ISA, mientras tanto, sigue enredada tratando de redactar un reglamento para la minería submarina e intentando, sin éxito, encontrar un consenso imposible entre sus miembros, divididos entre quienes piden pausar la actividad, quienes piden acelerar la explotación minera del fondo del mar y quienes no se pronuncian en público. Al igual que las anteriores, la última reunión de la ISA, celebrada a mediados de mes en Kingston, Jamaica (donde el organismo tiene la sede), no aportó nada nuevo e hizo si cabe más evidente la división internacional.

Y el reloj sigue corriendo. The Metals Company y Nauru, aprovechándose de una especie de vacío legal conocido como la regla de los dos años, ya aseguraron en 2021 que iban a seguir avanzando en sus planes, con o sin reglamento. Ahora, todo parece indicar que los plazos de su estrategia se van cumpliendo y que, si nada se tuerce, empezarán a explotar los minerales del fondo del océano Pacífico en algún momento del próximo año.

“Eso va para adelante. The Metals Company acaba de firmar un memorando de entendimiento con PAMCO, una empresa japonesa de metalurgia, para estudiar la transformación de los nódulos polimetálicos que van a extraer del fondo oceánico en materiales para baterías”, explica Sandor Mulsow, profesor de geología marina de la Universidad Austral de Chile y ex director de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la ISA.

Una moratoria (y demasiados intereses) sobre la mesa

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es una organización internacional que opera de forma autónoma de la ONU, aunque mantiene relación con ella. Fue establecida en 1982 en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con los mandatos de proteger el patrimonio común de la humanidad (los fondos marinos de las aguas internacionales) y, al mismo tiempo, desarrollar los recursos presentes en estos territorios abisales. Como organización autónoma, además, no se debe al Secretario General de la ONU y cuenta con su propio secretariado, de quien depende en gran medida la dirección que tengan las decisiones de la ISA.

“Desde que en el año 2017 se elige a Michael W. Lodge como secretario general de la ISA, la dirección cambia por completo y la autoridad se posiciona totalmente a favor de la minería submarina”, señala Mulsow. “La ISA no tiene mucho presupuesto, unos 6 o 7 millones de dólares anuales, pero cerca del 90% se gasta exclusivamente en el desarrollo de la explotación de los fondos marinos. En protección del medioambiente no se gasta nada”. En estos planes, la redacción de un conjunto de normas para regular la minería submarina es uno de los asuntos centrales. Pero la ISA lleva intentándolo más de 10 años sin éxito.

Lo que sí ha hecho la entidad intergubernamental es conceder 31 contratos de exploración de los recursos mineros marinos. Mediante ellos, varias empresas llevan varios años buscando en el fondo del mar nódulos polimetálicos (pequeñas acumulaciones de minerales como manganeso, hierro, cobalto, cobre o níquel), sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido metálico) y zonas de corteza rica en cobalto. La mayoría de contratos de exploración se concentra en la zona Clarion Clipperton, pero también los hay en la dorsal que atraviesa el Atlántico, en el oeste del Pacífico y en la zona central del Índico.

A nivel científico, existen diferentes posturas, aunque la mayoría de especialistas en geología y biología marina coinciden en una cosa: sabemos demasiado poco del fondo marino como para autorizar una actividad extractiva y con tanto impacto como la minería. A principios de este año, más de 650 científicos y científicas firmaron un manifiesto en el que exponían que, además, todo lo que sí sabemos sobre los efectos de la minería submarina es bastante preocupante: penachos persistentes de sedimentos desde el fondo hasta la superficie, vertidos de metales y toxinas, contaminación acústica, pérdida directa de especies y ecosistemas e interrupción de los procesos ecológicos y geoquímicos del planeta.

Esta oposición ha llevado también a que en el último año un número creciente de países se haya unido pidiendo una moratoria en la exploración comercial de los fondos marinos hasta que sepamos más. Fiji, Palau y Samoa fundaron la alianza, a la que se han unido, gradualmente y con diferentes niveles de compromiso, la Federación de Estados Micronesios, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá, la República Dominicana, Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Brasil, Mónaco, Suiza, Nueva Zelanda Vanuatu y Reino Unido, el último en llegar.

“Para mí, muchos de estos países son grandes hipócritas. No están haciendo una presión real, es bastante bla bla bla. Solo Francia parece estar haciendo un poco de lobby para tratar de convencer a otros países de apoyar la petición de una moratoria para la minería submarina”, señala Mulsow. En este juego geopolítico, Noruega ha dado recientemente un paso en favor de la minería submarina, asegurando que se puede hacer sin causar daño ambiental, pero sin mostrar pruebas de ello. El país planea avanzar primero en la explotación minera de sus aguas, pero dos terceras partes de la zona de recursos detectada están en realidad en aguas internacionales.

¿Cuál es la alternativa?

La transición hacia las energías renovables y la digitalización han disparado la demanda global de minerales críticos. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para mitigar el cambio climático aumentará la demanda de cobre y tierras raras un 40%, la de níquel y cobalto entre un 60% y un 70%m y la de litio un 90%. Mientras la producción de un vehículo con motor de combustión necesita, de media, 22 kilogramos de cobre y 11 de manganeso, uno eléctrico requiere de 53 de cobre, 25 de manganeso, 66 de grafito, 40 de níquel, 13 de cobalto y 9 de níquel.

“Gerard Barron, CEO de The Metals Company, dice que el futuro es metálico. Pero en casi todos los análisis hay una cosa que se olvida. Por cada kilo de cobre que se extrae de la roca, venga de donde venga la roca, se producen entre 10 y 20 kilos de dióxido de carbono”, añade Mulsow. “No estoy diciendo que sigamos con el petróleo, pero sí que lo de los vehículos a batería es un tongo, una oportunidad de negocio para charlatanes como Elon Musk”.

Para el geólogo chileno, la vía hacia un sistema que realmente logre frenar el cambio climático y no destruya el medioambiente por el camino pasa por la utilización de materiales que no estén restringidos geopolíticamente (como sí sucede con los minerales críticos, que están distribuidos de forma muy desigual por el planeta), la reutilización y el reciclaje efectivo de todo lo que descartamos y la reconversión de los vehículos de combustión a vehículos de hidrógeno. “Si pudiésemos utilizar materiales que ya están disponibles, ¿para qué extraer más?”, concluye Mulsow. “Pero el mismo sistema se opone a esta vía. Los ricos se oponen. Y lo hacen porque si no se les acaba el negocio”.

Mientras tanto, Nauru, Tonga, Kiribati y otros pequeños estados insulares que conocen bien los efectos perjudiciales del extractivismo en su territorio, vuelven a apoyarse en las promesas de la industria minera para buscar el último tesoro escondido en las profundidades del mar. Los próximos meses serán cruciales para saber hasta qué punto se cumplen las aspiraciones de The Metals Company y otras empresas del sector, hasta dónde van a llegar las presiones de los países que se oponen a la minería submarina y cuál será la decisión final de la ISA.