Elecciones a la vista: la ‘temporada de caza’ se abre y uno de los blancos es la minería

El 2020 ha sido hasta ahora un año complejo para la actividad minera, por el impacto del Covid-19. Pero el 2021 se avizora también difícil por el ambiente electoral. Pese a ello, la industria se reactiva y sigue siendo una alta fuente de ingresos y de atracción de inversiones.

Para el Prefecto del Azuay, Yaku Pérez, la minería no parece ser una actividad que esté dispuesto a comprender. Sus argumentos contrarios los esgrime cada vez que puede, con una animadversión que lo ha llevado, según él, a embanderar una lucha por la defensa de la naturaleza, de los territorios ancestrales y de las poblaciones circundantes. Noble tarea, sin duda, si no fuera porque en el ínterin, probablemente, olvida o desconoce, cómo hoy la minería responsable opera respecto a los temas que defiende.

Por eso no resultó extraño su tercer intento por impulsar una consulta popular, esta vez, para preguntar a los habitantes del Azuay: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de actividades de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en el área de bosque y vegetación protectora de los ríos Tarqui y Yanuncay, ubicada en el cantón Cuenca, provincia del Azuay? El pedido de dictamen previo en la Corte Constitucional lo presentó el 3 de agosto del 2020, según sus palabras, “para que no sea un Ministro o Presidente quienes decidan el destino de una población”.

Esta vez la acción del Prefecto tiene ribetes particulares. Por un lado, insiste, más allá del diálogo y de la búsqueda de alternativas, en que se prohíba la actividad, en momentos en que el país necesita atraer más inversiones para tratar de recuperar su economía, fuertemente impactada por la pandemia del Covid-19. Y, por otro lado, coincide con el calentamiento del clima electoral, de cara a las elecciones presidenciales a realizarse a inicios del 2021. Y sí, Yaku Pérez, hasta el cierre de esta edición, había sido proclamado como el precandidato por el movimiento Pachakutik.

Curiosamente, en los mismos días, a Pérez se le apareció “competencia”, no solo para la candidatura sino para interponer un pedido de consulta popular, pero “mejor” que la suya. Al frente está el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien señala que la pregunta planteada por el Prefecto no contempla la defensa del agua de manera integral. Apoyado por agrupaciones como Yasunidos, el Cabildo por el Agua de Cuenca y el Foro por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca, su objetivo principal es detener la actividad del proyecto Loma Larga, a cargo de INV Metals. Aunque Palacios no ha definido todavía la posible pregunta, lo que sí tiene claro es que quiere consultar a la población del cantón Cuenca si quiere minería metálica o no.

Las amenazas, evidentemente, han causado malestar entre los actores de la minería nacional, ya que llegan en momentos en que más que nunca se requieren espacios de recuperación económica y de generación de empleo. Es así que, en un pronunciamiento público, los sectores productivos rechazaron lo que consideran como un intento mediante el cual se pretende utilizar la minería responsable para fines proselitistas.  Como antecedente, recordaron que ya antes se ha enfrentado situaciones similares y la Corte Constitucional decidió, en dos ocasiones, rechazar las preguntas del proponente por considerarlas ambiguas y por contener varios aspectos diferentes en la misma pregunta, que inducen al error y confusión del elector.

“El artículo 261, numeral 11 de la Constitución de la República, específica que los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales son competencia exclusiva del Estado Central, por lo que los gobiernos provinciales no tienen injerencia en estos temas”, señalaron, añadiendo que en el 2018 el pueblo ecuatoriano se pronunció vía consulta popular, quedando claramente determinado que no se pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas, zonas pobladas o territorio intangible. Esto constituye hoy mismo una norma Constitucional.  Es decir, se puede hacer minería en los territorios que no se incluyan en estas tres circunstancias.

“La minería responsable no afecta a las fuentes de agua y realiza una gestión ambiental apegada a estándares, normativa vigente y buenas prácticas. En medio de una profunda crisis económica, en la cual cada día se pierden miles de empleos y se recaudan menos impuestos, el sector privado -y la minería como parte de este- genera trabajo, encadenamiento productivo, dinamiza las economías locales y aporta importantes ingresos al Estado a través del pago de tributos y otros derechos. Confiamos en que la Corte Constitucional actuará apegada a derecho, de acuerdo con los parámetros que los señores jueces han establecido, a fin de precautelar la seguridad jurídica en el Ecuador y proteger el empleo y la inversión”, puntualizaron los representantes.

‘EVIDENTES AFANES ELECTORALES’

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, expresó su preocupación por lo que considera acciones con evidentes afanes electorales. “Por un lado, el Prefecto vuelve a interponer un pedido de consulta a título personal, con los mismos vicios y defectos que la Corte Constitucional ya le mostró en dos intentos anteriores que fueron rechazados. Ya esto más parece un juego intencional para bañarse en popularidad a través de la victimización, mantener presencia en medios y, obviamente, ganar votos. En estricto sentido legal y con base en las resoluciones anteriores, consideramos que la Corte volverá a rechazar el pedido, porque no se han subsanado los requisitos que ya se le mencionó antes”.

Por el otro lado, Vargas considera que la intención del Alcalde de Cuenca también contiene un sesgo personal. “No puede ser posible que se intente direccionar una consulta hacia un proyecto minero en específico. El desarrollo de Loma Larga lleva más de 15 años y es uno de los que tiene mejor manejo en zona de páramos. Definitivamente, la pretensión del Alcalde no es genuina, es electoral”.

En todo caso, para Vargas, el Gobierno Central debería hacer un ‘mea culpa’ en su forma de defender la minería, si es que ese es su objetivo. “Estos pedidos para consulta son una mala imagen para el sector minero y para los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto hace que no podamos avanzar conforme lo planificado. Y en ese sentido hace falta una posición más determinante por parte del Gobierno Central para dar señalar claras y directas de que apoya a la minería. El proyecto Río Blanco, por ejemplo, sigue tomado por ciudadanos particulares, que controlan una parte del territorio. Ahí hay una falencia del Gobierno, que debería reestablecer el orden público y la vigencia de la norma legal”.

A + B = C

Para el abogado minero y socio del Estudio Jurídico Flor y Hurtado, Andrés Icaza, el tema es claro como el agua. Con base en los precedentes, la Corte Constitucional no tendría motivos para calificar la pregunta del Prefecto del Azuay, por varios motivos: el primero de ellos, el principal, es porque nuevamente se busca que un padrón electoral reducido, como en este caso es el de la provincia del Azuay, del cantón Cuenca, decida sobre un tema de interés nacional.

“Cuando se afecta a las cuencas de los ríos Tarqui, Yanuncay y la zona del bosque protector, se afecta a proyectos de importancia nacional, como son Río Blanco y Loma Larga, que tienen una afectación al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador. Entonces, cabe preguntarse por qué el ciudadano cuencano va a decidir por mí, ciudadano quiteño, o usted, ciudadano ambateño, por algo que nos va a afectar a los tres por igual”.

El segundo motivo es que la pregunta aún tiene indefiniciones, porque, si bien es cierto el bosque protector es una categoría que está prevista en la normativa ambiental, la vegetación de protección es un concepto indefinido. Así, la normativa ambiental ecuatoriana establece categorías ambientales (áreas protegidas, zonas intangibles, parques nacionales, reservas biológicas, bosque protector, etc.). ¿Cuál es la esencia misma del bosque protector? Es un área donde no se pueden hacer actividades económicas madereras. Pero la legislación ambiental reconoce que sí se puede hacer minería en bosques protectores, eso sí bajo los permisos ordinarios y el respectivo certificado de factibilidad del plan de remediación ambiental.

“Entonces, ¿quién decide qué es bosque protector y qué no es bosque protector? La autoridad ambiental llamada Ministerio del Ambiente y Agua. Es esta autoridad la que decide si hay cómo hacer minería, cumpliendo ABC requisitos. En el momento de plantear una consulta popular diciendo que no se puede hacer minería en un bosque protector, se le está quitando esa prerrogativa al Ministerio del Ambiente. No se puede permitir una usurpación de esas potestades estatales, porque si no mañana cualquier cosa puede ser objeto de Consulta Popular y de sacarle potestades al Estado y el país se puede volver un caos. Es como si yo viviera en un condominio con un patio comunal y una mañana a un vecino se le ocurre decir que allí ya no pueden jugar niños porque lo decidieron con su vecino de arriba y de abajo. Y todos los demás habitantes del condominio deberíamos aceptarlo, aun sabiendo que no nos consultaron, somos la mayoría y hay unas escrituras que definen claramente que el patio es un espacio comunal y que todos lo podemos usar”.

Y un tercer motivo por lo que el pedido del Prefecto del Azuay se desvanece en materia legal es que la Corte estipula que al elector se le tiene que plantear temas con la debida información y con conceptos claros que le permitan formar un juicio de valor. “Si dos personas nos ponemos a discutir sobre un tema indefinido y ninguno de los dos nos ponemos de acuerdo, no estamos locos ni ignorantes, sino que, al ser un término indefinido, ninguno de los dos tendremos la razón, pero sí creeremos que la tenemos”-

Por todos estos argumentos, Icaza considera que la Corte no dará pie a la petición de Pérez. Previo a la calificación de la pregunta, la Corte valora si la pregunta cumple con los requisitos que están en la normativa de control constitucional, esto es, que la pregunta sea clara, que no genere dudas ni errores, que no emita prejuicios, que no induzca al prejuicio, que dé suficientes elementos de juicio al elector, para que este pueda votar objetivamente, que tenga conceptos previamente establecidos, que se pregunte solamente sobre un tema, una materia o un aspecto, que no sea amplia, entre otros temas. Si es que la pregunta se acepta, el proceso pasa al Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual entrega al proponente los formularios para recolectar el número de firmas que corresponden al padrón electoral, para que la pregunta sea elegible. Si se consiguen las firmas y el CNE las aprueba, arranca el proceso de consulta popular.

‘Alejémonos de manipulaciones políticas e intereses mezquinos’

María Eulalia Silva
Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador

Arrancamos agosto con más de 86.000 casos confirmados de Covid-19, los cuales han arrebatado la vida a más de 5.700 ecuatorianos. La pandemia ha significado la paralización de la economía. El Banco Central del Ecuador prevé para el 2020 un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el -7,3% y -9,6%. La caída en la recaudación de impuestos también es impactante. Entre enero y abril del 2020 se recaudó un 12 % menos, de lo que se hizo en el 2019 durante el mismo período. Esto significa USD 664 millones menos para las arcas del Estado.

Con una crisis de esta magnitud, ¿cómo se hará para cumplir con médicos, maestros y servidores públicos en general? ¿Cómo se proveerá a hospitales y centros de salud? ¿Podrá el sistema educativo funcionar adecuadamente?

El sector privado también ha sentido este duro golpe. Durante la pandemia se han registrado más de 180.000 desvinculaciones y se calcula que aproximadamente cuatro millones de informales se quedaron sin sustento.

La crisis es profunda. Hoy más que nunca los sectores productivos tienen el desafío de remontar esa realidad y, al hacerlo, ser gestores clave en reactivar la economía del país.

En medio de este panorama, la industria minera responsable emerge como una alternativa de desarrollo.  Una minería con principios que trabaja con altos estándares para mejorar su desempeño ambiental sobre todo en lo concerniente a la gestión del agua, al consumo de energía y el cambio climático. Una minería que contribuye a la conservación de la biodiversidad y que aplica prácticas éticas en los negocios; la que en el proceso de la toma de decisiones incluye temas de desarrollo sustentable. Aquella que respeta los derechos humanos, al ejercer una práctica laboral justa, apoyando a las culturas y a los grupos minoritarios involucrados en su operación. Esa minería responsable que implementa una gestión de riesgos basada en información científica, que busca mejorar su acción en los ámbitos de salud y seguridad a fin de lograr la ausencia total de daños, esa que está consciente de llevar a cabo una producción responsable y de contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades en las zonas de influencia, permitiendo -al tiempo- la participación de las poblaciones, incorporando mecanismos de información y comunicación efectivos.

La industria minera formal es una gran generadora de empleo directo e indirecto, de recaudación, y de desarrollo local.  Las exportaciones mineras contribuyen con dólares frescos a una economía dolarizada que requiere de ese influjo. En el 2018, la minería aportó más de la mitad de las inversiones extranjeras. Eso representó alrededor de USD 1.400 millones. En el 2019, fue la minería la que aportó el 70% de ingresos tributarios a la provincia de Zamora Chinchipe y la que financió 267 proyectos comunitarios.

Sí, Ecuador tiene una crisis enorme, pero también la histórica oportunidad de desarrollar una industria sólida que no solo reactive su economía, sino que también diversifique su matriz productiva.  Esta es el momento de hacer bien las cosas, de aprender de las lecciones del pasado y mirar al futuro con esperanza. La industria minera responsable tiene todo el entusiasmo de hacerlo, pero ésta no es una tarea que dependa solo de este sector. Depende del Estado quien más allá de declararlo sector estratégico, debe ser coherente con esas declaraciones. Que dinamice y facilite la concesión de permisos, abra el catastro minero y brinde la seguridad jurídica que todo inversionista requiere. Es tarea del Estado que el Ecuador se convierta en un país atractivo para las inversiones.

También es una tarea de la sociedad.  Son las comunidades las que tienen la posibilidad de dar paso al progreso mediante un modelo económico de mutuo beneficio, alejándose de manipulaciones políticas e intereses mezquinos que confunden a la minería legal con las nocivas prácticas de la minería ilegal. La industria minera responsable está aplicando protocolos estrictos para la reactivación de sus operaciones, pero más allá, hay un futuro promisorio o desolador.  Es el Estado y la sociedad la que tiene la responsabilidad de elegir qué panorama escoge. El sector minero apostará por la primera opción.

SOLO SEGUIR

Tras casi cuatro meses de paralización, las máquinas volvieron a encenderse en los campos mineros. Poco a poco, las actividades se van acomodando a la nueva realidad y a los protocolos de prevención en bioseguridad definidos por las autoridades. Uno de los primeros en regresar a las actividades fue Fruta del Norte. El 5 de julio, Lundin Gold reinició bajo las directrices del plan PRO2020. Cinco días después, según lo dio a conocer la compañía, los primeros contenedores de concentrado de oro salieron desde el campamento hacia el Puerto de Guayaquil. Hasta ese momento, ya sumaban aproximadamente 30 000 toneladas de mineral extraído.

Otra de los proyectos que volvió a la carga es Cascabel, en manos de SolGold, que además cuenta con otros 13 proyectos que se encuentran en exploración inicial alrededor del país. La compañía ha asumido la etapa del distanciamiento productivo, implementando un plan de bioseguridad, que le permite desempeñar sus labores con mayor prevención para reducir el riesgo de posible transmisión y contagio del Covid-19.

Según explicó la firma, la implementación del plan es mandatorio para colaboradores, contratistas, proveedores y otros públicos con quienes la empresa mantiene relacionamiento en sus instalaciones y/u operaciones. El mismo, aborda de manera integral (previo ingreso y durante la jornada laboral) la aplicación de protocolos de bioseguridad, con varias normas higiénicas de desinfección y prácticas de trabajo seguras en todos sus frentes de trabajo.  Mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla y la limpieza regular de manos son, además, las tres medidas que el personal debe cumplir en todo momento.

En cuanto al proyecto Mirador, a cargo de Ecuacorriente, el objetivo, hasta el cierre de esta edición, era reiniciar las actividades hacia finales de agosto, dependiendo de la situación cómo se encuentren, tanto la incidencia de la pandemia como la regulación y control de las actividades determinadas por las autoridades del país.

BUENAS SEÑALES

Más allá de la pandemia y de los intentos internos por boicotear el avance de la minería responsable, los vientos soplan favorablemente para el Ecuador. Según registros de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), el Banco Central del Ecuador (BCE) y de las empresas operadoras de las minas Fruta del Norte y Mirador, en el primer semestre del 2020 las exportaciones mineras en el país se triplicaron y alcanzaron los USD 391 millones.

Estos recursos provienen principalmente de las exportaciones de pequeña minería metálica y no metálica, que, de enero a junio del 2020, alcanzaron USD 157 millones (de este rubro USD 15 millones corresponden a productos industrializados como vidrio, cemento y cerámica exportados de enero a mayo). Por su parte, en este mismo período las minas a gran escala exportaron: Mirador más de USD 132 millones y Fruta del Norte USD 102 millones.

El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, recalcó que este incremento sustancial en exportaciones mineras se debe al continuo crecimiento de la pequeña minería, al alza generalizada de los precios de los ‘commodities’, ya que el oro ha superado cualquier precio récord por onza troy, sobre los USD 1.950, y a la consolidación de la minería a gran escala en Ecuador que, desde el 2019, es una realidad con la puesta en marcha de las minas Mirador (junio 2019) y Fruta del Norte (noviembre 2019).

“A pesar de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, el sector minero ecuatoriano continúa trabajando de manera ardua y segura. Los resultados lo comprueban, hemos superado las exportaciones mineras del 2019 que llegaron a USD 373 millones y nos proyectamos para el 2020, rubros entre los USD 641 millones y USD 1.108 millones”, añadió Benalcázar.

En este período, Ecuador ha exportado cobre, oro, doré, concentrados de cobre y oro, piedra pómez, zeolita, así como vidrio, cerámica, cemento, entre otros. El destino de estos minerales ha sido Alemania, Bélgica, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, EE.UU, Finlandia, Guatemala, India, Italia, México, Perú, Suiza y Países Bajos.

Es importante destacar que, durante la emergencia sanitaria, el transporte de los minerales desde las minas hacia los sitios de exportación se ha realizado bajo estrictas medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y contempladas en el Protocolo de Bioseguridad de esta industria que precautela la salud y seguridad de los trabajadores y comunidades aledañas.

Por otro lado, desde el 2017, Ecuador ha atraído inversiones para exploración minera provenientes de empresas reconocidas a escala mundial. Hasta enero del 2022, se planifica que estas inversiones alcancen, al menos, los USD 1.300 millones según los compromisos adquiridos en el proceso de subasta o remate.

Estos datos, los dio a conocer Benalcázar durante su participación en la “Digital Latin American Mining Summit”, donde, además, destacó que el 98% de las inversiones en exploración minera procede de capitales canadienses y australianos, países con una amplia y prestigiosa trayectoria minera. “El Ecuador se ha convertido en el país atractivo para la exploración minera, debido a su gran potencial geológico, a los resultados obtenidos a la fecha y a las condiciones favorables que el Estado ha desarrollado para captar este tipo de capitales”.

Es importante indicar que la normativa minera ecuatoriana contempla dentro de la etapa de exploración, dos períodos destinados a la investigación geológica minera. El primero, denominado exploración inicial, el cual dura hasta cuatro años y contempla actividades técnicas como la recolección y análisis de muestras, que permitirán identificar la existencia y ubicación de un cuerpo mineralizado.  Cuando se tiene la certeza de la presencia de un mineral determinado en una zona, inicia el segundo, denominado exploración avanzada, con un tiempo máximo de duración de cuatro años, en el cual se profundiza los estudios y se conoce con mayor detalle las dimensiones, composición y forma de la mineralización en el subsuelo.

Posterior a estos periodos, se realiza la evaluación económica del yacimiento para determinar si el mineral puede ser explotado de una manera rentable, técnica y ambiental, este proceso puede llegar a tomar hasta 4 años.

Debido a las complejidades y particularidades que conllevan los trabajos de exploración, la Ley de Minería ha establecido que un inversionista tendrá un plazo de hasta 12 años para desarrollar estas labores (exploración inicial, avanzada y evaluación económica), posterior a esto pasará a una etapa de explotación dependiendo de los resultados obtenidos con antelación.

Estudios aseguran que, en el 2020, debido a la crisis global producida por el Covid-19, la inversión en exploración minera será de USD 6.900 millones aproximadamente a escala mundial, cifra que resulta la más baja en los últimos 14 años. Sin embargo, en el Ecuador varias empresas mineras, que se encuentran en etapa de exploración, han mantenido sus inversiones y en otros casos las han incrementado, mostrando la confianza y seguridad en el país, especialmente las empresas canadienses.

Un ejemplo de esta dinámica es SolGold, que ha sido una abanderada en la promoción de la industria minera como un impulso económico trascendente a nivel local y nacional. En el caso de su proyecto insigne Cascabel, la compañía está trabajando en terminar el estudio de prefactibilidad de Alpala estimado para finales del 2020, e inmediatamente después, iniciar el desarrollo del estudio de factibilidad definitivo.

Se prevé que este Proyecto requiere de una inversión de USD 2,7 mil millones en la etapa de construcción, además que genere grandes beneficios a futuro como plazas de empleo directas e indirectas, desarrollo social, implementación de tecnología, encadenamiento productivo, transferencia de conocimiento, y durante la etapa de producción, el pago de impuestos y regalías de beneficio para el país.

LOS RETOS POST COVID-19

Ecuador tiene una serie de desafíos que debe enfrentar alrededor de la actividad minera para consolidar e impulsar lo que ha sido uno de los principales objetivos en los últimos años.  Varias voces han expresado lo que le espera al país a raíz que se reinician las actividades en los principales proyectos a gran escala.

Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción afirma que la minería con responsabilidad es una oportunidad muy grande para lograr encadenamientos productivos y de esa manera reactivar poco a poco el país.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en este tiempo que le queda apoye decididamente al sector minero responsable, al sector minero que tiene rostro, al sector minero que aporta al país con desarrollo, con impuestos, con empleo, y lo más importante, con dignidad para las personas. Es importantísimo recordar cómo el desarrollo local se beneficia también con esta minería responsable, por tanto, tenemos que trabajar en conjunto como país para hacer una minería sostenible, respetando a la comunidad al medioambiente y aportando al desarrollo sostenible”.

Según el representante gremial, es necesario agradecer la inversión extranjera que llega y reconocer cómo esta reapertura con seguridad, respetando todos los estándares de seguridad para los colaboradores de las empresas y para las comunidades aledañas, van a permitir tener una nueva esperanza dentro de esta situación tan difícil y tan compleja que atraviesa el Ecuador. “Sin duda, la minería con responsabilidad es una oportunidad, no a corto o mediano plazo, sino una oportunidad a largo plazo. Hemos propuesto al Gobierno Nacional que se trabaje en una agenda de competitividad, que permita aliviar la gran carga de trámites que se encuentra represada en las instituciones como el Ministerio del Ambiente y del Agua. Además, es imprescindible que se termine el tema del catastro minero”.

Bajo la misma óptica, el analista económico Walter Spurrier refuerza la importancia de actualizar y depurar el viejo catastro, para adecuarlo a las necesidades de un país. En una columna publicada en Diario El Comercio, Spurrier explica que, a fines del 2017, el Presidente dispuso el cierre del catastro minero y son ya dos años y medio en que permanece cerrado. No se ha podido otorgar nuevas concesiones, registrar cambios en derechos. “Quito abunda en representantes de las grandes mineras internacionales que desean invertir en el país, en primera línea mundial para prospectos mineros. Están BHP, Codelco y Angloamerican, las mayores mineras del mundo en cobre, Newcrest, de las mayores en oro, y docenas más. Pero la espera, las desespera. Como que a Ecuador no le interesa esta inversión (…). La apertura del catastro crea empleos y abre las perspectivas que el Estado tenga nuevas fuentes de ingresos. La minería no puede esperar más”.

Para Andrés Robalino, director Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, hay que estar conscientes de que el Ecuador, al ser un país petrolero, tiene poca proyección de explotación de ese producto para los siguientes años. Por lo que el único sector que puede sustituir esos ingresos es justamente el sector minero, con todos los impactos positivos que se pueden dar. “Hemos sido un gremio que ha estado respaldando y liderando la posición y la exposición del sector minero en nuestra ciudad y provincia, posicionando la forma de ver la actividad como generadora de empleo, que va a cumplir con todas sus reglas y con todas las leyes laborales, societarias, y, especialmente, medioambientales”.

Finalmente, Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de la Empresa Lundin Gold, anuncia que en el segundo semestre del 2020 registrará una producción de entre 150.000 y 170.000 onzas de oro. Junto con la producción real lograda antes del inicio de la suspensión temporal, se estima que la producción total de oro en el 2020 será entre 200.000 y 220.000 onzas de oro. Al momento, ya están 600 personas trabajando en campo y el reinicio en todas las áreas avanza sin problemas.

“Estamos convencidos que ahora continuaremos contribuyendo con la reactivación de la economía ecuatoriana, a través de la inversión extranjera, la generación de empleo directo e indirecto, compras a nivel nacional y a nivel local, el pago de impuestos y regalías asociados con la producción de oro, entre otros. Asimismo, a través de nuestro plan de apoyo integral para la provincia de Zamora Chinchipe, continuaremos coordinando iniciativas que permitan mitigar los efectos del Covid-19 en territorio, en conjunto con las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales. Trabajamos alineados a nuestra filosofía de minería responsable y estamos comprometidos con el crecimiento económico del país y de las comunidades. Cada una de nuestras actividades se realiza de manera ordenada y organizada, precautelando la salud y la seguridad de nuestra gente y de las comunidades vecinas”.