El gremio minero reflexiona sobre la consulta en el Chocó Andino

Hace un año, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) experimentó un momento trascendental con la consulta popular sobre la explotación de minería metálica en los regímenes artesanal, pequeña, mediana y gran escala, en las parroquias integrantes de la Mancomunidad del Chocó Andino.

Transcurrido un año de que la Mancomunidad del Chocó Andino se pronunció mayoritariamente en contra de la minería metálica en esta área, la Cámara de Minería del Ecuador consideró pertinente analizar los efectos futuros, tal como aclaró la Corte Constitucional en su momento.

“Respetamos la voluntad popular expresada en el plebiscito de hace un año, pero recordamos que la sentencia de la Corte Constitucional que viabilizó esta consulta popular estableció claramente que sus efectos serán aplicables únicamente a futuro, respetando los derechos adquiridos y ratificando la seguridad jurídica. Esto significa que los títulos mineros otorgados antes de la consulta son válidos y permiten llevar a cabo todas las fases de la actividad minera, siempre y cuando se cuente con los permisos ambientales requeridos conforme a la normativa ecuatoriana”, dijo el gremio.

Además alertó acerca de la preocupación que existe ante discursos que sugieren que toda actividad minera debe cesar en la región, incluidas las concesiones otorgadas antes de la consulta. “Este enfoque erróneo legitima a los extractores ilegales y deslegitima la minería responsable, que contribuye significativamente al país en los ámbitos económico, social y ambiental. Dichas opiniones mal intencionadas generan expectativas que no son las que devienen de forma legal y legítima de la aplicación de la Constitución y de la consulta popular de acuerdo a los criterios de la propia Corte Constitucional, lo que representa un peligro al no ser reales”.

Explicó que la industria minera responsable promueve operaciones ambientalmente sostenibles, cumpliendo con la normativa ecuatoriana y estándares internacionales. Y que la prohibición de la actividad minera a gran escala en el noroccidente de Quito no resuelve problemas ambientales fundamentales como la minería ilegal, la contaminación por falta de tratamiento de aguas servidas, el tráfico de especies y la tala ilegal. La pobreza es el mayor enemigo de la naturaleza, ya que crea un terreno fértil para la corrupción, el abuso y la depredación ambiental.

“En conclusión, defendemos la minería industrial responsable que opera exclusivamente en áreas concesionadas legalmente por el Estado, cumpliendo rigurosamente con lo estipulado por la Constitución de la República y en el resultado del referéndum del 21 de agosto de 2023. La minería legal y regulada es un aliado clave para el desarrollo económico y social del país, y su contribución no debe ser subestimada en un contexto donde la desinformación amenaza la prosperidad de nuestras comunidades y la protección de nuestro entorno”.