La minería responsable cuida el agua
Uno de los pilares de nuestra política pública minera desde la creación de esta Cartera de
Estado en febrero de 2015, era el generar estrategias, mecanismos y una normativa que
contribuyan a establecer la minería responsable en el país. Hacer este tipo de minería no es
otra cosa que obtener minerales con buenas prácticas de manejo social, laboral, tributario y
ambiental. Este último elemento tiene directa relación con la gestión y manejo de los recursos
hídricos.
La normativa en el país es amplia con relación al manejo y conservación de los recursos
hídricos. La Constitución de la República define el derecho de administración, regulación,
control y gestión de los sectores estratégicos (entre los cuales se encuentran los recursos
naturales no renovables como minería e hidrocarburos) y el agua (Arts. 313, 411). Así también
en la Ley de Minería, en varios de sus artículos (26 y 115) establece no sólo los parámetros
técnicos para ejecutar las actividades mineras, sino también contempla sanciones en caso de
que llegara a existir un daño ambiental. En este contexto, nuestra tarea como sector minero es
propugnar el cumplimiento de las leyes, para lo cual trabajamos de manera coordinada e
interinstitucional, cada ente en el marco de sus atribuciones y competencias.
En torno a este tema se ha levantado un falso debate que claramente encubre un tinte
político, el mismo que desconoce lo que está en la ley y lo que realmente sucede en la
industria a nivel mundial y nacional. De acuerdo con Miningfacts.org, en Perú, país minero,
esta actividad consume el 2% del total del agua, mientras que la agricultura usa el 85%. Sin
embargo, la minería genera el 8% del PIB y la agricultura el 5.3%. Es decir que la minería
consume 1/42 del agua que usa la agricultura y produce 1.5 veces su valor. En países
desarrollados como Canadá, la minería ocupa el 4% del agua disponible, en Estados Unidos
llega a apenas el 1% y en Australia al 2.5%.
El cuidado del líquido vital es tarea y obligación de todos. Los organismos de control y las
actividades de organizaciones ambientalistas también deberían centrar sus esfuerzos en
mitigar los impactos que provocan al agua los desechos humanos urbanos, la agricultura, la
minería informal, etc. Sin ir muy lejos, el principal río quiteño, el Machángara, nace cristalino
en el cerro Atacazo, a 10 minutos de la ciudad, pero a medida que desciende en su ruta por la
capital acarrea toda clase de desechos humanos e industriales. Según un informe de El
Comercio, el Machángara supera en nueve veces la norma respecto a elementos como
detergentes, jabones, entre otros. Es un río considerado muerto biológicamente, y no se debe
a una actividad extractiva.
Por todo esto, cuando hablamos de minería responsable, estamos comprometiendo todas las
acciones factibles desde las diversas instituciones del Estado y del sector minero, para
controlar el adecuado desarrollo de la actividad minera. Es tiempo, entonces, de superar falsos
dilemas y pensar en que la actividad minera debe orientarse al cumplimiento de sus
obligaciones legales y sociales, como paso fundamental para el buen devenir de nuestra
industria y de la sociedad en general.