Recomendaciones del Banco Mundial para la minería ecuatoriana

El organismo elaboró un documento en el que analizó el potencial de la actividad en el país. Más allá del diagnóstico y de la compleja situación por la que atraviesa el sector, el estudio deja una hoja de ruta clara para avanzar hacia el futuro.

“La minería se ha convertido en un motor de crecimiento en Ecuador, pero la fuerte oposición social y política está erosionando las perspectivas de la minería formal, lo que aumenta el riesgo de que el sector minero se vea condenado a afrontar los efectos negativos de la minería ilegal, incluida la creciente inseguridad. En este contexto, al país le convendría abordar los retos medioambientales, sociales y de gobernanza para hacer de la minería un trampolín para su desarrollo; se beneficiaría de la aplicación de reformas que garanticen que los ingresos fiscales de la minería se traduzcan en el desarrollo de las comunidades locales, que establezcan un proceso funcional de consulta a los pueblos, mejoren el proceso de concesión de licencias medioambientales con mecanismos de salvaguardia adecuados y refuercen las instituciones para supervisar el sector”.

De esta manera, el Banco Mundial inicia su estudio sobre la minería ecuatoriana. En el capítulo 4, del informe “Ecuador: crecimiento resiliente para un futuro mejor”, el organismo exhorta a los ecuatorianos a “poner la minería al servicio del desarrollo”. Asegura que la minería representa una oportunidad para diversificar las exportaciones de Ecuador en un mundo en proceso de descarbonización, aumentar los ingresos fiscales y fomentar la confianza con las comunidades locales.

Añade que el aumento de la producción minera podría compensar en parte la disminución de los ingresos fiscales, las divisas y los puestos de trabajo derivados de la caída de las exportaciones de petróleo. Además, la minería sostenible podría adquirir mayor importancia a medida que aumenten los precios de algunos metales críticos debido a los esfuerzos mundiales por reducir las emisiones de carbono. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la demanda de cobre crezca un 25 % de aquí al 2030, en gran parte debido a la transición energética mundial impulsada por la creciente demanda de energía y transporte con bajas emisiones de carbono. Muchos de los 157 yacimientos de minerales metálicos identificados en Ecuador muestran depósitos sin desarrollar de minerales críticos para la transición energética, especialmente cobre y molibdeno, pero también zinc y níquel.

Accionar frente a la actividad ilegal

Evitar que la minería formal disminuya y que la actividad ilegal domine el sector requiere medidas a corto plazo para fomentar un entorno favorable a la minería que tenga en cuenta los intereses de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades indígenas, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas mineras.

En primer lugar, asegurar una amplia participación ciudadana en la elaboración de la legislación relacionada con la consulta a los pueblos y la consulta ambiental, con la participación activa y visible de las organizaciones indígenas, garantizará que las leyes sean inclusivas y eficaces. La falta de mecanismos e instituciones que funcionen para facilitar los acuerdos con las comunidades indígenas puede obstaculizar el potencial geológico de Ecuador, por lo que una amplia participación es aún más importante.

Segundo, es crítico priorizar la lucha contra la inseguridad relacionada con la minería ilegal mediante el despliegue de la fuerza pública, rompiendo los circuitos logísticos, financieros y criminales de la minería ilegal, y aislando los proyectos mineros de los riesgos de seguridad.

En tercer lugar, existen oportunidades para mejorar la recaudación de impuestos y permitir que los ingresos de la minería lleguen a los gobiernos locales y garantizar que se inviertan adecuadamente. Esto facilitará la formación de la opinión pública nacional y local mediante la comunicación y el aumento de la transparencia en la información, sobre todo en lo relativo a las licencias ambientales, el control y los ingresos mineros.

Importancia de la institucionalidad

Para que estas medidas de política pública sean eficaces, deben ser aplicadas por instituciones públicas que hayan reforzado sus capacidades técnicas, financieras y humanas. Las reformas indicadas no pueden aplicarse con éxito a menos que las capacidades institucionales estén a la altura de las circunstancias. Por esta razón, es importante un plan integrado de desarrollo de capacidades dentro del sector público para gestionar el nuevo escenario de operaciones mineras a gran escala.

Dentro de estos organismos, es fundamental recuperar las capacidades operativas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente. Paralelamente, es importante acelerar e intensificar el proceso de adaptación y preparación del Servicio de Rentas Internas (SRI) al nuevo escenario fiscal con la entrada de nuevos proyectos mineros industriales. La integración de los procesos de licenciamiento ambiental a través de una ventanilla única, que implica importantes reacomodos institucionales, es también parte necesaria de las reformas institucionales para el despegue de la minería en Ecuador. Finalmente, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, especialmente la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), podría mejorar el conocimiento y la percepción pública sobre la contribución de la minería al desarrollo.

Visión de largo plazo

La aplicación sostenida de medidas políticas a largo plazo es clave para garantizar que la minería contribuya al crecimiento económico sostenible e inclusivo de Ecuador. En primer lugar, el desarrollo de una política minera nacional integral, multisectorial y participativa en Ecuador es necesaria para proporcionar dirección y prioridades para el sector, alinear las expectativas, promover la rendición de cuentas y empoderar a las autoridades del sector. Es una oportunidad para implementar reformas legislativas integrales centradas en la sostenibilidad social y ambiental, poner en marcha incentivos y controles para promover procesos mineros “verdes”, e implementar la planificación del uso de la tierra y las evaluaciones ambientales estratégicas para apoyar un enfoque integral y participativo del territorio y sus potenciales.

En segundo lugar, la integración de los procesos de consulta, participación e iniciativa normativa es también crucial para reducir la vulnerabilidad e inseguridad jurídica a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros, dando lugar a acuerdos empresa-comunidad alineados con las mejores prácticas internacionales y centrados en el desarrollo del capital humano y empresarial de las comunidades locales para sacar el máximo partido de la minería.

En tercer lugar, la reapertura del catastro minero y la ampliación de la cobertura de información geológica son importantes para generar confianza en el sector, promover la inversión, mejorar la rentabilidad y, junto con una estructura tributaria progresiva, generar mayor competitividad, atractivo para la inversión y diversificación de la cartera minera sin comprometer los ingresos tributarios.

La formalización de la minería artesanal es también un paso importante hacia la minería sostenible en Ecuador. Una reforma tributaria con tributos progresivos beneficiaría estos emprendimientos al hacer viables los pequeños proyectos formales.

Por último, se requiere una inversión adicional a largo plazo en capacidades institucionales. Fortalecer e integrar el sistema de evaluación y supervisión ambiental es clave para garantizar la sostenibilidad y acelerar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Minera para mejorar la eficiencia en todos los ámbitos.

Políticas para una minería sostenible

• Establecer una Política Minera Nacional integral, multisectorial y participativa.
• Activar la opción de establecer acuerdos empresa-comunidad.
• Poner en marcha un proceso de ordenación territorial y evaluaciones medioambientales estratégicas en el marco de la Política Minera Nacional.
• Implantar una estructura fiscal progresiva para captar ingresos inesperados y hacer viables los pequeños proyectos formales.
• Establecer un proceso de planificación del uso del suelo y evaluaciones medioambientales estratégicas.
• Reforzar e integrar el Sistema de Evaluación y Supervisión Medioambiental.
• Fomentar la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala.
• Acelerar la implantación del Sistema Integrado de Gestión Minera.
• Fomentar el intercambio de información, la alineación de incentivos y la colaboración entre los actores del sistema.