Las actividades mineras ilegales destrozan a Napo

La contaminación del río Napo y sus afluentes impacta directamente en la salud de la comunidad kichwa, que depende de los cuerpos de agua y amenaza a su diversidad. A esa conclusión llegó una investigación realizada por la periodista Gabriela Quiroz con apoyo de Earth Journalism Network.

El río Napo inicia su recorrido en la parte alta del Tena, específicamente en Chontapunta, una parroquia rural habitada por 8 721 personas, a la que se accede tras un viaje de tres horas por caminos empedrados, desde la capital de Napo. Al recorrer sus calles lastradas y su plaza principal enlodada, una sensación de tristeza y desolación envuelven por el grado de abandono. Apenas 10 % de la población de la provincia tiene un empleo adecuado, mientras 80,6 % trabaja en la economía informal.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región amazónica registra 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y 74% de pobreza por ingresos. Así que en este nivel de precariedad, la actividad minera ilegal se ha convertido en una boya de salvación en Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo, Talag y Carlos Julio Arosemena Tola, localidades por las que pasa la cuenca del río Napo y sus afluentes.

En Chontapunta, los niños son los más vulnerables, representan el 42 % de la población. Ellos encuentran diversión en el río Napo, que se mezcla con el río Anzu en su margen izquierdo. Desde abril del 2017 hasta septiembre del 2023 se han visto afectadas 103,59 hectáreas por la actividad minera ilegal en el área de influencia del río Anzu. Esto equivale a 14 campos de fútbol estándar, de acuerdo con los datos de Ecociencia y respaldados en imágenes satelitales.

Alba, una joven de 26 años, se gana la vida ‘liquidando’ (lavando) oro en los esteros del Jatunyacu por USD 10 la hora, cuatro veces al mes. Esto representa el 8,6 % de un salario básico de USD 460. Eso, pese a que reconoce el peligro de trabajar con mercurio. Por eso, dice, prefiere lavar en los riachuelos, creyendo que están menos contaminados que el río principal, donde descienden desechos y toxinas de la actividad ilegal. Hace dos años lavaba en Yutzupino, pero está consciente que este es uno de los sectores más contaminados. Ahora se turna con su cuñada para lavar el oro.

Los mineros ilegales arrastran los sedimentos y luego añaden mercurio líquido para que forme una capa alrededor de las partículas de oro. Los microbios del agua y del suelo transforman el metal tóxico en metilmercurio, que acaba en el cuerpo de los peces. Ecuador es signatario del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, acuerdo firmado por 128 países para frenar o eliminar casi todos los usos del metal, incluso en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. De esta forma se busca proteger a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, este metal llega desde Bolivia y Perú, de manera informal, por el sur del país.

Para este reportaje se tomaron muestras de agua en distintos puntos del río Napo y del Jatunyacu y Piocullín. En el caso de la muestra tomada del Napo, en Ahuano (paso en gabarra), se evidenció un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para preservar la vida acuática y silvestre.

El plomo, zinc y hierro también están elevados en el río Napo, en Puerto Napo; Mientras el río Piocullín registra más miligramos por litro (mg/l) en plata, aluminio, hierro y zinc. Las aguas del río Napo, en Puerto Napo y del río Piocullín tienen entre seis y nueve veces lo tolerable en hierro para consumo humano o doméstico. Está ligeramente por encima de lo permitido en los ríos Piocullín y Napo (Puerto Napo).

Para profundizar en el impacto de la contaminación en la cuenca media del río Napo es esencial explorar Ahuano, otra parroquia habitada por 7 476 personas. La falta de servicios básicos y empleo adecuado también es un problema diario.

La devastación por la minería ilegal se concentra en Yutzupino y Naranjalito, sobre todo dentro de las áreas de servidumbre ecológica y en la zona de protección hídrica del Jatunyacu. Este río está catalogado como uno de los 34 destinos turísticos de la provincia. Pero debido a esta actividad ilícita, el turismo está en declive.

En Puerto Napo, una parroquia ubicada en la cuenca media del curso del río Napo, las mujeres son un claro ejemplo de cómo la toxicidad del agua las afecta gravemente. A pesar de ello, su voz ha sido silenciada. Criticar la minería ilegal supone ir en contra del único medio de subsistencia que tienen para alimentar y cuidar a sus hijos. Armadas con guayusa upina (planta de la que se usan sus hojas para hacer infusiones) y chicha de chonta, estas mujeres pasan sus días junto al río, sobreviviendo desde el amanecer hasta el anochecer.

La falta de oportunidades laborales hace que estas mujeres se vean obligadas a continuar con esta actividad, a pesar de los riesgos para su salud. Los ingresos que obtienen de la minería, que oscilan entre USD 50 y USD 500, son vitales para alimentar a sus familias. El miedo a no sostener a sus hijos las mantiene calladas. Los hombres que trabajan en la minería ilegal también sufren de infecciones, principalmente genitales, pero rara vez buscan atención médica por sí mismos. Ellos dependen de que sus esposas les den la medicación. Solo acuden a los centros de salud en casos de emergencia extrema.

En estas parroquias, los mineros ilegales entran en negociaciones con los líderes de las comunidades para acceder a las tierras y extraer el oro, ofreciendo distintas formas de pago, como el 15 % del oro extraído, e incluso empleando a miembros de las mismas familias para tareas como la provisión de combustible para maquinaria. Estos acuerdos privados no están registrados por las autoridades de control estatal y suelen desencadenar conflictos con policias, militares o ambientalistas. El verdadero problema, según señala un lugareño que mantiene su nombre en reserva, radica en que el dinero obtenido a menudo se dilapida en fiestas y consumo de alcohol, perpetuando un ciclo de pobreza y degradación ambiental en la comunidad.

¿Y EL CONTROL?

Para fortalecer el control y combatir la minería ilegal se creó en el 2011 la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi). En total 112 operativos se han realizado hasta ahora, pero la actividad ilícita no deja de crecer, principalmente por los altos precios del oro en el mercado internacional.

Actualmente, una onza supera los USD 2 000. El panorama se agrava por la presencia de grupos armados, quienes se ubican estratégicamente para evadir los controles. Ecuador no cuenta con un estimado de cuántos mineros ilegales hay, pero el sector cuenta con un mapeo de 21 puntos de minería ilegal en Napo.

Además de los altos precios del mineral, para Stevie Gamboa, abogado especializado en minería, hay otros tres factores que hacen que este mercado ilícito siga creciendo: economía dolarizada que permite la salida de dinero lavado; acceso libre a maquinaria de segunda mano a bajos costos y baja capacidad de control estatal. Cree, además, que el control debe ser diferenciado en las distintas zonas mineras del Ecuador. No es lo mismo la minería subterránea que se realiza en Imbabura, en el norte del país, que la minería aluvial que se hace en la Amazonía.

Ni los operativos ni las declaratorias de estado de excepción-añade- son la solución. Cree que no se hace una trazabilidad de todos los insumos y maquinaria que utilizan los mineros y que entran por las vías públicas. Hay que cortar los suministros de retroexcavadoras, diésel, zarandas, entre otros, dice. También remarca que los líderes comunitarios hacen negocios sin cuentas bancarias de por medio, hay cambios de uso de suelo y de patrimonio que no se está analizando. Hay compras cuantiosas de oro a mineros artesanales, que su capacidad de extracción es apenas de gramos.

Hay que entender, dice Gamboa, que la ilegalidad no solo está en la extracción, sino en toda la cadena productiva. Se hacen esfuerzos enormes, pero se sigue legalizando el oro de la minería ilegal. Faltan alertas en el sistema financiero y en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) así como también planes de restauración en las zonas afectadas, como estableció la Corte Provincial de Napo en 2022.