La industria ecuatoriana exige destrabar el proceso de consulta ambiental

Actores de los distintos sectores productivos, entre ellos el minero, profundizan su pedido para que la Corte Constitucional reabra la vía para que los cientos de millones en inversiones no estén congelados y se puedan reactivar proyectos que involucran miles de empleos. El país está en carrera contra el tiempo.

El parque de El Arbolito, en Quito, fue el punto de encuentro elegido. Era la primera vez que los sectores productivos elevaban su inconformidad desde que una acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 754, que implementa y reglamenta la consulta ambiental, provocó la suspensión de los procesos para la entrega de licencias ambientales a todas las actividades económicas.

El 6 de septiembre del 2023, vestidas de blanco, unas 1.500 personas marcharon desde el sitio de reunión hasta la Corte Constitucional. Debajo de un inclemente sol, gente de comunidades y representantes de empresas, gremios y asociaciones se juntaron para mostrar su inconformidad con la difícil situación en la que se encuentran actualmente. “Sin consulta no hay futuro”, “Sin consulta no hay trabajo”, “Ecuador ilegal, sin consulta ambiental”, fueron algunas de las consignas que se escucharon durante un poco más de una hora que duró el recorrido por las calles de la ciudad.

Cristian Villarroel, vinculado como profesional a la industria minera, quien ayudó en la organización y logística de la movilización, fue muy claro en explicar que la convocatoria de los distintos gremios productivos obedeció a la “preocupación e incertidumbre existentes por la decisión de la Corte. Y hay que entender que esta protesta no es solo del sector minero, sino de todo el sector productivo”.

En efecto, alrededor de esa marcha, los distintos gremios productivos elevaron su voz:

‘No es un debate exclusivo entre mineros y antimineros’

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (FNCIE) agrupa a nueve gremios representantes de industrias residentes en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro, Loja, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, las mismas que participan en actividades que requieren de un proceso de consulta ambiental. Como es de su conocimiento, el Decreto Ejecutivo No. 754, expedido el 2 de junio de 2023 por el Presidente Constitucional de la República, en cumplimiento de la Sentencia No. 22-18-IN/21 de la Corte Constitucional, estableció finalmente el proceso para la obtención de las consultas ambientales. Sin embargo, el 31 de julio de 2023, el Tribunal de la Sala de Admisión admitió a trámite, por la forma y el fondo, la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del decreto mencionado por parte de la CONAIE, CONFENAIE y otras organizaciones.

Adicionalmente, aceptó la solicitud de suspensión provisional del Decreto Ejecutivo impugnado, que paraliza a 176 proyectos en proceso de otorgamiento de licencias ambientales en áreas como hidrocarburos, minería, salud, infraestructura, agricultura, servicios turísticos, generación eléctrica, construcción de carreteras, plantas de tratamiento de agua, gestión de desechos, educación, entre otros, y que equivalen a más de USD 2 000 millones de inversión, en los sectores privado y público.

Ante esta dramática situación, diversos ciudadanos y organizaciones como la FNCIE, presentamos Amicus Curiaes ante esta Alta Corte. En nuestro caso, en torno a la afectación que atraviesan nuevas actividades y aquellas que se encuentran en proceso, de todos los sectores económicos antes descritos. Con sorpresa nos hemos enterado que, por correo electrónico, se envió una notificación en la que se menciona: “por existir una gran cantidad de amicus y en honor al tiempo se escuchará únicamente a diez amicus que pueden aportar al debate jurídico planteado en la demanda de acción de inconstitucionalidad”. En el archivo adjunto a este correo se enlistan a los elegidos por la Corte Constitucional para expresar sus argumentos frente a este proceso.

Ustedes comprenderán, señores Jueces, que con esta decisión nuestro derecho a ser escuchados se ha visto vulnerado. Entendemos la cantidad de interesados en manifestar una tesis sobre esta acción de vital importancia; no obstante, llama la atención que un órgano cupular del sector industrial quede en el ostracismo de este proceso. En este contexto, de la manera más respetuosa y comedida, solicitamos que esa decisión sea reconsiderada para evitar que esta discusión tan relevante y de interés nacional se convierta en un debate exclusivo entre mineros y antimineros, cuya consecuencia grave sería invisibilizar y menoscabar el derecho de las partes interesadas, lo que rechazamos de manera categórica.

Aprovechamos la ocasión para dejar sentada la profunda preocupación que tenemos frente a este proceso cuya consecuencia es la paralización de la inversión y con ello la nula generación de empleo en las empresas formales que quieren aportar al crecimiento del país. Adicionalmente, otro de los desafíos que han tenido que enfrentar las empresas, fruto del retraso en el cronograma de implementación de los proyectos, es la imposibilidad para cumplir con los plazos establecidos y los presupuestos, y ello también pone en riesgo el financiamiento de los mismos.

 ‘Se está abriendo la puerta a actividades ilegales’

Los sectores productivos del país requerimos de licencias ambientales para cumplir con la ley y avanzar con la actividad económica. Así generamos empleo y aportamos al desarrollo del Ecuador. Para esto es vital continuar con los procesos de consulta ambiental.

Según datos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica existen 176 procesos de consultas ambientales que estaban listos para obtener las autorizaciones e iniciar sus actividades productivas, entre los cuales se encuentran: proyectos de generación eléctrica, salud, turismo, extractivos, plantas de tratamiento de agua, gestión de desechos, entre otros. Se estima que esta paralización podría representar una afectación -a corto plazo- de más de USD 2 000 millones. El Ecuador no puede detenerse. Debemos seguir produciendo, generando empleo y resolviendo las necesidades de la población.

El Ecuador tiene grandes necesidades, tales como seguridad, empleo, educación, salud, vivienda, nutrición infantil, entre otros aspectos importantes, para los cuales se requieren recursos económicos que se generan con mayor producción. Adicionalmente, con la suspensión de las consultas ambientales, no solamente se paraliza la actividad en el país, sino que se está abriendo también la puerta a actividades ilegales. Consideramos que no es justo vivir en un país donde las industrias formales no pueden avanzar y las ilícitas proliferan.

Para un país como el nuestro, en vías de desarrollo y con una economía dolarizada, es especialmente crucial recibir inversión extranjera. Sin embargo, la inseguridad jurídica que se vive en nuestra nación está ahuyentando la recepción de capitales. El riesgo país de Ecuador continúa fluctuando en elevados índices.

Como Comité Empresarial Ecuatoriano, apelamos a la sensibilidad de la Corte Constitucional ante la realidad que vive nuestro país, y pedimos que se revoque la suspensión del Decreto Ejecutivo 754 que implementa la consulta ambiental, mientras se realiza el análisis de constitucionalidad del mismo. Las actividades productivas legales, responsables y formales deben continuar.

‘Está en riesgo el financiamiento de los proyectos’

Los sectores productivos estamos profundamente preocupados por la actuación de la Corte Constitucional, particularmente la decisión de una Sala de Admisión de la Corte Constitucional en la que admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 754 que implementa y reglamenta la consulta ambiental, y con ello se suspenden los procesos para la entrega de licencias ambientales a todas las actividades económicas.

Esta decisión afecta a las nuevas industrias en sus actividades que estaban iniciando, a las que se encuentran en proceso y por supuesto evita nuevas inversiones. Es decir, afecta a cualquier nuevo negocio y a cualquier actividad que tenía planificado realizar mejoras precisamente en temas de sostenibilidad.

El propio Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha señalado que 176 procesos de consulta ambiental estaban en proceso de obtención de las autorizaciones y posterior inicio de sus actividades productivas. Se estima que un monto referencial de inversión en juego sería de USD 2 000 millones.

Estos proyectos públicos y privados son en distintos sectores: hidrocarburos, minería, salud, infraestructura, agricultura, servicios, turísticos, de generación eléctrica, construcción de carreteras, plantas de tratamiento de agua, de gestión de desechos, servicios, extractivo, hospitales, escuelas, entre otros.

Sin duda una de las consecuencias económicas y productivas de la paralización de la entrega de licencias ambientales es la paralización de la inversión y del empleo en las empresas formales que quieren aportar al crecimiento del país.

Adicionalmente, esto ha provocado que el país no sea atractivo para los inversionistas extranjeros, haciendo que todo ese capital se inyecte en países vecinos afectando al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo social.

Las empresas alrededor de la Cámara de Industrias y Producción se enfrentan a desafíos fruto de la falta de otorgamiento de la licencia ambiental. Por ejemplo, los costos de los proyectos aumentan y también se pone en riesgo el financiamiento de estos.

‘No más dilación de la sentencia’

Ecuador requiere de licencias ambientales para implementar toda clase de proyectos industriales y productivos. Para dicho licenciamiento es preciso el ejercicio del derecho a la consulta ambiental. La misma fue implementada mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 754 de 31 de mayo de 2023, en cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional constantes en los casos denominados “Los Cedros” y “Manglares”.

Algunas organizaciones indígenas, bajo el paraguas de la CONAIE interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el referido Decreto 754. La Corte Constitucional, que admitió a trámite dicha acción, implementó, basada en hechos desapegados a la realidad, una medida cautelar que suspende los efectos de dicho decreto, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Luego de que el 18 de septiembre del 2023 se llevara a cabo la audiencia de este caso, la Corte se encuentra a puertas de emitir una sentencia. Sin embargo -y con gran sorpresa- se ha informado que estos grupos intentan nuevamente dilatar el proceso, interponiendo tres demandas adicionales que también buscan que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 754, incidentado un proceso de examen constitucional a través de la búsqueda de una acumulación de causas.

Esta táctica claramente busca demorar una resolución que el país necesita para generar empleo e inversión, y primordialmente, para que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, otorguen Licencias Ambientales. José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica fue enfático en señalar que el procedimiento para la consulta ambiental constante en el Decreto 754, no tiene relación alguna con la consulta previa, libre e informada cuyo titular son las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Así también puntualizó que se está obstruyendo la realización de obras públicas y privadas por más de USD 2 000 millones que beneficiarían a todo el país, entre las que se cuentan hospitales, plantas de tratamiento de agua, de desechos sólidos, entre otras.

Esperamos que la Corte Constitucional esté a la altura de lo que el país espera y no se preste para seguir las pretensiones de ciertos grupos que lo único que persiguen es promover una agenda específica cuyo verbo rector es el obstruir, y que no se conjuga con el bienestar y tampoco con la necesidad de poner al país a trabajar urgentemente y terminar la paralización en la que se encuentra en beneficio del empleo y crecimiento de los ecuatorianos. La Cámara de Minería del Ecuador hace un llamado a los Honorables Jueces de la Corte Constitucional para que no permitan que esta clase de incidentes cause más obstáculos al desarrollo del sector productivo nacional.

‘¡Con ciencia y licencias, Ecuador avanza con conciencia!’

De manera pacífica, los marchantes tomaron la avenida 6 de Diciembre hasta congregarse en las afueras del edificio de la Corte Constitucional, en la calle Tamayo. Vestidos de blanco, entre todos hicieron un solo puño para exhortar a los funcionarios a mirar su realidad. Llegados desde varios proyectos a lo largo del país, la consigna era la misma: “queremos consulta y empleo”.

Johanna Zambrano, del recinto Minas de la Plata, parroquia Palo Quemado, informó que hay una seria afectación en su zona. “La Corte no ha visto nuestro lado, solo el suyo. Los jueces deberían sentarse con quienes somos realmente de la parroquia Palo Quemado. Nosotros como pobladores hemos sido muy afectados y vulnerados en nuestros derechos: a la fase informativa y, por ende, a la fase consultiva. En el tiempo que la empresa estuvo trabajando hubo mucho empleo. Pero tras la manifestación de ciertos señores que no pertenecen a la parroquia, se perjudicó a todos, hay desempleo y la gente está migrando a otro país. No sabemos qué va a pasar con la empresa.

Como comunidad, necesitamos que se dé la consulta para que la empresa entre y labore y, podamos tener trabajo. Yo soy universitaria, soy madre soltera y estoy desempleada. Necesito el trabajo. La Corte debería tomar en cuenta esto”.

Por su parte Juan Carlos Uribe, de la comunidad de San Pablo de la Plata, también conmina a la Corte a que se los escuche. “Como jóvenes queremos que se nos respete los derechos. Las afectaciones son en los productivo y económico. Donde yo vivo, la empresa ha apoyado a la comunidad en la producción de panela y eso ahora no hay. Si la empresa no puede seguir con su actividad sería muy difícil para nosotros”.

En este sentido, la presidenta de la Cámara Minera del Ecuador, María Eulalia Silva, expresó en entrevista para BN Américas, que “La corte tiene que decidir pronto y tiene que decidir de una u otra forma para que se viabilice la consulta ambiental y la forma en que se hará. Uno de los argumentos que tuvo Conaie para pedir la inconstitucionalidad es que no se consultó a las comunidades, lo cual es falso.

En el caso de la minería antes de que empiece la consulta ambiental (para los proyectos La Plata y Curipamba) el Estado realizó la consulta prelegislativa, incluso en 14 lenguas vernáculas. A ese punto de cuidado se llegó, por eso es injustificable que se quiera paralizar así el sector minero. La corte no tiene un plazo para tomar una decisión y podría pasar semanas, meses e incluso años, por eso los sectores productivos alzamos nuestra voz. El perjuicio económico al país es enorme y también es enorme el perjuicio a las actividades legales, pues cuando se paran determinadas industrias hay un incentivo perverso para la ilegalidad”.

Silva añadió que otro escollo para la industria es la falta de ley para realizar la consulta previa en proyectos que afectan a comunidades ancestrales. “Ecuador necesita una ley de consulta previa, y este es un tema que tendrá que tratarlo el próximo legislativo. Hemos esperado 15 años por esta ley, que debe estar enmarcada en lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Ecuador es suscriptor. La OIT concibe a la consulta previa, libre e informada como un mecanismo de participación ciudadana, un espacio para informar, para entender los posibles beneficios y también los posibles impactos que pudiera tener un proyecto extractivo, pero que no involucra un poder de veto”.

Mala percepción externa

Los problemas parecen llegar todos reunidos. A la actividad paralizada por la falta de una decisión sobre la consulta ambiental, se suman los resultados de las consultas populares en las elecciones anticipadas a la Presidencia, del pasado 20 de agosto del 2023. Según recoge la agencia Bloomberg, “restricciones a la minería y el petróleo en consultas de Ecuador tienen riesgos crediticios. Moody’s señaló que estas consultas populares tendrán un impacto en el crecimiento económico del país”.

Para el mercado, la aprobación de las consultas sobre las actividades minera en El Chocó Andino y petrolera en el Yasuní, socavan las expectativas futuras de generación de ingresos en los sectores minero y petrolero. Las consultas representan riesgos negativos de crédito para Ecuador, impactando en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión y los ingresos para el Gobierno Central.

Esta proyección de Moody’s, subraya Bloomberg, está apoyada también en las previsiones del Banco Central del Ecuador, que dijo recientemente que la restricción a la minería metálica y el petróleo en estas regiones reducirá el crecimiento económico en 1,9% desde el presente y hasta el 2026.

La incertidumbre, de hecho, también se extiende a otras esferas de la actividad minera. Pese a que la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) anunció el pasado 18 de agosto del 2023, como una gran noticia, la suscripción de un contrato de inversión con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por USD 419 millones, que se destinará a Cristal, una de las tres concesiones del proyecto Loma Larga, ubicado en Azuay, donde la minera prevé emplear a 645 personas, la preocupación está latente.

Esto por el reciente fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, sobre una acción de protección constitucional presentada contra el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), vinculada al proyecto minero Loma Larga. Dundee señaló que, con base en un análisis preliminar, “la decisión reafirmó las concesiones mineras de DPM para el proyecto Loma Larga y, tal como lo estaba planificado inicialmente, el Estado debe realizar una consulta libre, previa e informada. La decisión determinó que además de la consulta ambiental requerida con las comunidades, el MAATE tendría que presentar a la Corte ciertos informes adicionales sobre el impacto del proyecto en los recursos hídricos y el Área Recreativa Nacional Quimsacocha, antes de avanzar a la fase de explotación”.

Añadió que, mientras se evalúa la decisión del tribunal, seguirá implementando “los más altos estándares aplicables para la protección ambiental y la participación de las partes interesadas y colaborará con el gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta. Además, basándose en el extenso trabajo ambiental realizado hasta la fecha, trabajará con el MAATE para proporcionar cualquier detalle adicional lo más rápido posible. Nuestro compromiso con Cuenca, Azuay y Ecuador es permanente. Mantendremos canales de comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas, bajo nuestro propósito corporativo: transformamos recursos y generamos valor compartido para todos.

Pese a todo, el acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, “representa una oportunidad para Ecuador, para la industria minera y todos los interesados en fomentar el desarrollo de la industria en el país y ofrecer empleo, regalías e impuestos al Estado”, dijo Scott Campbel, gerente general de DPM en Ecuador.

En la misma línea, para José Luis Cuesta, abogado de la empresa Dundee, desafortunadamente en el Ecuador hay un “gran abuso de las garantías jurisccionales. Ahora se usan para fines políticos o para sacar a presos. Hay dos garantías jurisdiccionales que se han utilizado para que las personas se enriquezcan a costa del Estado. El Banco Central podría enfrentar un juicio de USD 70 millones. Y hay otro tipo de garantías que enfrenta el sector industrial, a través de las cuales se pretenden discutir temas técnicos en órganos que no tienen esas competencias. En los tres últimos tres años se han presentado más de 20 acciones de protección contra proyectos mineros, la mayoria por parte de ciertos actores cuando ya se han descubierto los yacimientos.

Desafortunadamente, hay otro grave problema: ni los jueces de instancia ni los propios jueces de la Corte Constitucional tienen clara la diferencia entre los distintos tipos de consultas, la previa, la ambiental y la prelegislativa. Eso ha permitido que un discurso equivocado y falaz, con un tinte electoral, como el que ha impulsado Yaku Pérez, haya tenido asidero, y que se haya reflejado en el registro de una desinversión de USD 198 millones en el año pasado”.